La opinión de las calificadoras internacionales sumada a las dificultades macrofiscales de Colombia convierten en inaplazable un plan de choque tributario y laboral en el nuevo gobierno.

Así lo consideró la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, al advertir que de continuar la actual sobre-apreciación del peso-dólar, Colombia seguirá experimentando un crecimiento económico inferior al de su potencial actual del 3% anual, en buena medida por estar abortando la “sustitución de importaciones” del agro y de la industria.

El centro de estudios económicos señaló que es evidente la necesidad de medidas prontas en los frentes estructurales tributarios y de seguridad social-laborales.

Allí las calificadoras de riesgo le estarán tomando la lección macro-financiera a la nueva Administración en sus primeros 100 días de gobierno, tras la degradación de un escalón que le hiciera S&P a la deuda pública de Colombia en diciembre de 2017.

De no actuarse con decisión, existe la probabilidad de que Colombia pierda totalmente su “Grado de Inversión”, antes de agosto de 2019, sería cercana al 50%.

Para ANIF, una agenda mínima de los candidatos presidenciales en el frente fiscal deberá concentrarse en eliminar los contratos de estabilidad tributaria, acabar con los tratamientos “especiales” en materia de IVA; y abolir la tributación preferencial a las zonas francas que, en promedio, exportan menos del 10% de lo que por allí pasa.

¿De dónde podrá salir el mayor recaudo empresarial si buena parte de los grandes contribuyentes, que explican cerca del 70% del recaudo del Imporrenta, aparece blindada frente a mayores impuestos?, se cuestiona ANIF.

A nivel de calidad del ajuste macro-fiscal, es evidente la fragilidad estructural, no se actuó en materia de pensiones durante 2010-2018, donde actualmente se destina un 5,3% del PIB a regresivos pagos, comprometiendo cerca de un 30% del recaudo y con cubrimiento de solo 1 de cada 3 colombianos en edad de pensión; a nivel del mercado laboral, se tiene un promedio de desempleo del 9,4% y una informalidad laboral del 60%, a pesar de haberse recortado los costos no salariales en 13,5puntos porcentuales por la Ley 1607 de 2012, pero dejándonos con multiplicadores no salariales del 50%; y se tiene una brecha fiscal del 1.5% del PIB respecto de la Regla Fiscal durante 2019-2022.