Las tergiversaciones hechas por Nicaragua en sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, fueron rechazadas ayer por el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, en su condición de agente de Colombia.
Al intervenir en la segunda ronda de alegatos correspondientes al primer periodo de audiencias que concluye mañana, con el equipo nicaragüense, Arrieta presentó unas reflexiones finales sobre el carácter democrático de Colombia, el cual es respetuoso del derecho y de la Corte. Cerró con la petición mediante la cual Colombia solicitó al tribunal que rechace la demanda de Nicaragua.
A través de un comunicado, la Cancillería informó que en desarrollo de las audiencias preliminares ante la CIJ por la demanda de Nicaragua ante el supuesto incumplimiento del fallo de 2012, Colombia ha hecho uso de los turnos para la exposición de sus argumentos.
Ayer, el equipo de defensa de Colombia conformado por su agente, el coagente y los asesores legales internacionales ha presentado ante los jueces, clara y contundentemente en las seis intervenciones las razones por las que la Corte debe declarar la no competencia para conocer este caso.
Sir Michael Wood reiteró que Colombia no reconoce la competencia de la CIJ para resolver sobre la demanda de Nicaragua. Precisamente por eso de manera oportuna denunció el Pacto de Bogotá con efecto inmediato; hizo énfasis en que el consentimiento de los Estados debe ser respetado.
Por su parte, el profesor Michael Reisman ahondó en la argumentación de Colombia en torno a que en el momento de presentarse la demanda de Nicaragua, no existía una controversia entre los dos países, requisito exigido inclusive, por el propio Pacto de Bogotá. Recalcó especialmente que Nicaragua no puede seguir pretendiendo un tratamiento especial ya que ante la ley, todos los estados son iguales.
A su turno, Eduardo Valencia-Ospina, presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Internacional e integrante de la delegación de Colombia, explicó que, aún en el caso que la Corte encontrara que el Pacto de Bogotá fuera aplicable, Nicaragua desconoció la obligación prevista en el propio Pacto en el sentido de que solo cuando las dos partes de una controversia concluyen que la misma no puede resolverse a través de la negociación diplomática, quedan habilitadas para acudir a otros procedimientos de solución de controversias, incluyendo, el procedimiento ante la CIJ.
El profesor Tullio Treves rebatió la teoría promovida por Nicaragua según la cual, la Corte tiene en este caso competencia derivada del propio fallo de 2012, ya que son funciones que, claramente, no le asigna la carta de las Naciones Unidas ni el Estatuto de la misma Corte.
Rodman Bundy hizo la intervención de cierre de la argumentación de los asesores de Colombia reafirmando que en las cinco excepciones queda demostrado que no existieron, ni existen ni los eventos ni los hechos, para que la Corte tenga la jurisdicción para aceptar el caso.
En el comunicado, la Cancillería precisó que el equipo de defensa ha realizado un trabajo jurídico meticuloso y detallado durante más de dos años para demostrar cómo a la luz del derecho internacional Nicaragua pretende construir un caso cuando no existen elementos para ello, anotando que Colombia mantiene su disposición para el diálogo y la diplomacia.
¿Amenaza?
La víspera, Nicaragua sostuvo que Colombia es una amenaza en el mar Caribe, acusando al gobierno de Bogotá de "violar" e "incumplir" un fallo de 2012 de la CIJ que confirmó la soberanía nacional sobre un grupo de islas del archipiélago de San Andrés pero otorgó a Nicaragua una amplia zona en el mar Caribe, antes bajo dominio colombiano.
Colombia "sigue manteniendo sus buques en las mismas aguas que antes del fallo", denunció ante la CIJ Carlos José Argüello, embajador nicaragüense en Holanda, citando un informe militar.
"Colombia no acepta la delimitación hecha por la CIJ en 2012" añadió, y citó como ejemplo declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos, que criticó el fallo por sus "omisiones, errores, inconsistencias" o se declaró dispuesto a defender "a capa y espada" los derechos de los pescadores colombianos en la zona.
"Nicaragua ha evitado los enfrentamientos marítimos con Colombia" dijo el embajador centroamericano, y añadió que su país permite a pescadores colombianos de San Andrés pescar en aguas nicaragüenses, lo que no aplaca la actitud "negativa" de Bogotá.
Además, según Argüello, Santos coincidió con su homólogo nicaragüense Daniel Ortega en la toma de posesión del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, y le dijo entonces que "no respetaría ese fallo" de la CIJ.
La delegación nicaragüense también citó al respecto una declaración de la canciller colombiana María Ángela Holguín: "El fallo está lleno de exabruptos".
Debido a estas "violaciones" y "amenazas" Nicaragua decidió en noviembre de 2013 acudir de nuevo a la CIJ para que ésta hiciera respetar el fallo que emitió un año antes.
"Nicaragua es un país pequeño" y su seguridad e integridad "dependen del derecho internacional" alegó este martes la delegación centroamericana ante la Corte.
Fabricar diferendos
El lunes Colombia acusó a Nicaragua de hacerse pasar por "víctima" y de fabricar disputas donde no las hay.
"Es chocante ver cómo Nicaragua quiere hacerse pasar como víctima" había afirmado durante la audiencia el exprocurador Arrieta.
Nicaragua "fabrica un diferendo cuando no hay ninguno" y tiene tendencia a "acudir demasiado" a la CIJ, añadió Arrieta, que se expresaba en inglés.
El fallo de 2012 causó "decepción" en Colombia, admitió Arrieta, y "consternación" entre los habitantes y pescadores del archipiélago, "muy presentes en ese mar", a diferencia según él de Nicaragua. Además, el representante colombiano, pese a indicar que se eludirían asuntos de fondo, acusó a Nicaragua de "tolerar prácticas de pesca predatorias en torno al archipiélago".
Tras ese fallo, Colombia denunció con "efecto inmediato" el llamado Pacto de Bogotá, mediante el cual el país sudamericano aceptaba la jurisdicción de la CIJ y consideró el dictamen inaplicable. Bogotá considera en efecto que las vías para delimitar fronteras son los tratados limítrofes.
Sin embargo, Nicaragua presentó ante la CIJ dos recursos contra Colombia en 2013, en uno reprochándole a Bogotá "incumplir" el fallo de la Corte de 2012 y violaciones de su espacio marítimo, y en el otro para definir la delimitación de su plataforma continental en el Caribe.
Valencia-Ospina aseguró el lunes que el presidente nicaragüense Daniel Ortega se había congratulado por las buenas "negociaciones con Colombia" para que ambos países cerraran un tratado que aplicara el fallo de 2012.
"No hay diferendo, y por tanto no tienen sentido los recursos" de Managua, insistió Valencia-Ospina.
La denuncia
Como ya se mencionó, tras el fallo de 2012, Colombia denunció el Pacto de Bogotá —por el que los países aceptan la jurisdicción de la CIJ en sus diferendos— y cuestionó la competencia de esta Corte para examinar su controversia con Nicaragua.
Este asunto centró los alegatos de Colombia en la primera audiencia del lunes, en la que había negado además incumplir el dictamen de la CIJ y dijo estar negociando sin problemas con Managua la delimitación de sus fronteras marítimas.
El país centroamericano intentó desmontar jurídicamente este martes la pretensión de Bogotá de negarle potestad a la CIJ para pronunciarse.
En un prolijo alegato jurídico, Antonio Remiro Brotóns, profesor de Derecho internacional en la Universidad Autónoma de Madrid y consejero de la delegación nicaragüense, recordó que, según sus dispositivos, el Pacto de Bogotá sigue aplicándose al denunciante hasta un año después de realizada por éste la denuncia.
Ese plazo se cumplía para Colombia el 27 de noviembre de 2013. Nicaragua volvió a recurrir a la CIJ contra Colombia el 26 de noviembre de ese año.
"Nada permite a Colombia evadirse de la competencia de la CIJ" dijo Remiro Brotóns. "Es irónico que Bogotá reniegue del pacto que lleva su nombre" añadió.
La CIJ no solamente debe "aceptar su competencia" en este caso, también "debe constatar que Colombia no respeta el fallo" de 2012 sobre límites marítimos, afirmó por su parte Alain Pellet, expresidente de la Comisión de Derecho Internacional, y que también intervino ante la CIJ como abogado asesor de Nicaragua.
"Colombia viola a la vez los derechos de Nicaragua" y el propio fallo de la CIJ, añadió Pellet, que considera que el país centroamericano podría exigir "reparación" por ello, aunque admitió la dificultad de evaluar el daño sufrido. /AFP