Al menos 76 personas fueron asesinadas en el mundo por sus actividades sindicales, de ellas 29 en Colombia, indicó la Confederación Sindical Internacional (CSI) en un informe divulgado este miércoles.

Más de la mitad del total de los decesos ocurrieron en América Latina: 29 murieron en Colombia y diez en Guatemala, mientras que ocho fallecieron en Asia.

"Tan sólo en América Latina se registraron 56 asesinatos, incluyendo 29 en Colombia y otros 10 en Guatemala, crímenes cometidos con la más absoluta impunidad", indicó el informe.

Quizás el "grupo más vulnerable de trabajadores lo constituyan los cerca de 100 millones de trabajadores y trabajadoras del hogar que hay en el mundo entero, muchas veces mujeres jóvenes y migrantes que apenas conocen sus derechos y no disponen de ningún medio para defenderlos, sufriendo unas condiciones opresivas, e incluso violentas", señaló la secretaria general de la CSI, la australiana Sharan Burrow.

"2011 ha sido un año de enormes cambios, con la Primavera Árabe anunciando nuevas oportunidades y nuevos retos. Los sindicatos se han visto reprimidos con más dureza en Oriente Medio y el Norte de África que en ningún otro lugar del mundo", añadió.

Según un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia es uno de los países del mundo con peores índices tanto de libertad sindical como de derechos laborales, con un registro de más de 2.800 homicidios de sindicalistas y trabajadores sindicalizados entre 1984 y 2011.

Ese pobre desempeño fue durante años una de las principales trabas a la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, que finalmente recibió la aprobación legislativa el año pasado.

Pero su entrada en vigor quedó condicionada a una mejora en la defensa de los sindicalistas y de los derechos laborales, a través de un plan de acción que suscribieron los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama.

La Unión Europea (UE) también dio recientemente su aval formal a la firma del TLC con Colombia y Perú, último paso antes de la votación en el Parlamento europeo, probablemente en septiembre, para que entre en vigor de forma provisional.

Pero el pacto "incluye claúsulas que garanticen el respeto de las condiciones laborales y medioambientales".

De no cumplirse, la Unión Europea podrá suspender el pacto de forma unilateral.