El gobierno colombiano confió este martes en que el caso del periodista francés Roméo Langlois, en manos de la guerrilla de las FARC desde el pasado 28 de abril, no se convierta en un asunto de carácter político con París, al tiempo que abogó por su pronta liberación.
 

"Lo que no quisiéramos es que vaya a tomar un cariz político de conversaciones con el gobierno francés, porque sería absurdo", dijo la canciller colombiana María Angela Holguín, al intervenir en un debate en una comisión del Senado.
 

Según Holguín, "lo que queremos es liberar lo más pronto posible al periodista", de 35 años, quien realizaba un reportaje sobre operaciones antinarcóticos en el sur de Colombia cuando la patrulla militar que lo acompañaba fue atacada por rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunista).
 

Las FARC dijeron en un comunicado que mantienen a Langlois como "prisionero de guerra", argumentando que llevaba un chaleco antibalas y un casco del Ejército, aunque anunciaron que lo entregarán a una comisión integrada por un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, un delegado del presidente François Hollande y la ex senadora colombiana Piedad Córdoba.
 

Langlois, que fue herido en un brazo en medio del combate, se habría entregado a los guerrilleros, ante los cuales se identificó como civil luego de quitarse el chaleco antibalas y el casco que le había proporcionado el Ejército para su protección, según testimonios de soldados que le acompañaban.
 

Este martes el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien también participó en el debate en la comisión segunda del Senado, reiteró que no existe razón alguna para que Langlois no recupere su libertad de inmediato.
 

De acuerdo con Pinzón, las FARC deben entregar al periodista "sin show, incluso mañana mismo", y para ello "el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) puede ir a recogerlo. Sólo se necesita que nos digan las coordenadas y la hora".
 

Las FARC son la principal guerrilla de Colombia, con más de 45 años de lucha armada y unos 9.200 combatientes. En febrero pasado anunciaron el cese de las operaciones de secuestro de civiles con fines de extorsión económica.
 

AFP