Que el país cree y aplique una política nacional de exhumaciones, en la que se den a conocer los resultados de éstas, fue una de las recomendaciones que hizo el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, el sudafricano Christof Heyns, al entregar ayer un informe al Consejo de Derechos Humanos de la entidad que se encuentra reunido desde el lunes en Ginebra, Suiza.

Durante su intervención, Heyns le pidió al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que publique el resultado de investigaciones que se han realizado en torno a algunas fosas comunes que podían contener los restos de personas que presuntamente habrían sido víctimas de ejecuciones sumarias, como por ejemplo La Macarena y otras fosas.

El relator “lamentó” que el Estado colombiano no le haya informado a la ONU si se realizaron  investigaciones penales y disciplinarias con sus respectivos resultados, o se tomaron medidas correctivas y sancionatorias frente a las “más de 3 mil personas que pudieron haber sido víctimas de ejecuciones sumarias directamente atribuibles a las Fuerzas Armadas”.

Con relación a lo anterior pidió al Gobierno realizar más esfuerzos que aseguren la rendición de cuentas de los responsables y la protección necesaria para las víctimas y los testigos de estos hechos, y puso el ejemplo de aparentes “represalias y presiones” contra algunos jueces militares que han querido colaborar con la Justicia Civil.

Otro de los aspectos que analizó Crystof Heyns fue el cumplimiento que el Gobierno Nacional le ha dado a las recomendaciones que hizo su predecesor en el cargo, el relator Phillip Alston, en la visita que realizó a Colombia durante el 2009 y que estaban dirigidas a la disminución de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Frente a ello indicó que el Estado “adoptó ciertas medidas para prevenir las ejecuciones extrajudiciales” y resaltó entre ellas 15 específicas que provienen del Ministerio de Defensa. Sin embargo, -dijo-  en el país “se siguen denunciando casos de ejecuciones sumarias y las investigaciones penales y disciplinarias no avanzan”.

Según las estadísticas del sudafricano, el ocho por ciento de las ejecuciones extrajudiciales que se efectuaron en el mundo entre el 2003 y el 2011 fueron de periodistas, que según un perfil general son informadores locales que cubren temas relacionados con la política o con la investigación de asuntos de corrupción.

Y aunque en el informe Colombia no registra exageradas cifras de comunicadores muertos si sobresale, junto con México, por la falta de castigo que tienen muchos de esos asesinatos. Para Heyns, estos dos países “abordan el asunto de la impunidad” en lo relacionado con amenazas y muertes violentas.

“Creo firmemente que los peligros a los que se enfrentan los periodistas podrían reducirse significativamente si se elevase el asunto desde el nivel local a uno superior”, dijo el relator de ejecuciones extrajudiciales como posible solución para la reducción del porcentaje de muertes de los comunicadores.

No todo fue malo para el país, ya que no sólo se reconocieron las medidas que ha tomado el Ministerio del Interior para acatar las recomendaciones hechas hace unos años, sino que también se resaltó el “importante número de casos que han sido trasladados de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria, sin ocultar la preocupación que le produce los intentos que ha hecho el Fuero Militar para hacer valer su competencia.

Entre las peticiones que le hizo el organismo al Estado están el aumento de los recursos destinados a las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y, que se redoblen los esfuerzos para la protección de la población civil inocente y de los defensores de derechos humanos.

El informe entregado ayer no estuvo basado en la experiencia de Colombia frente a las ejecuciones extrajudiciales, sino que hace parte de uno que incluye a varios países del mundo y que se viene realizando desde hace más de tres décadas cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer un grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, por el creciente número de denuncias que había en el mundo sobre este tema.

La entrega de estas recomendaciones busca llamar la atención de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sobre las situaciones más graves que se presentan para que sean tratadas de manera inmediata o, por lo menos, para que se realicen acciones tempranas que eviten el empeoramiento de los casos.