Colombia registró 60.630 víctimas de desaparición forzada en los últimos 45 años -más que las que dejaron todas las dictaduras del Cono Sur- en el marco del conflicto armado, según un informe del estatal Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
"Las dimensiones de este crimen resultan escalofriantes e inmorales", indicó la entidad en un adelanto de los resultados del informe "Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia", que abarca el período entre 1970 y 2015, y que se presentará la próxima semana en Bogotá y Medellín.
Los grupos paramilitares son responsables de la desaparición de 13.500 personas, en tanto las guerrillas cargan con 5.900, las bandas criminales con 2.600, el Estado con 2.300. El resto de las desapariciones no pudieron ser atribuidas.
La dictadura militar de Chile (1973-1990) dejó más de 3.200 desaparecidos, según la Comisión de la Verdad, en tanto el régimen militar de Argentina (1976-1983) dejó 30.000, de acuerdo con organismos humanitarios.
El CNMH sostuvo que la desaparición forzada es una de las prácticas "más atroces" de las que se han valido regímenes y organizaciones para imponer su poder y control.
"Es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras", afirmó.
Asimismo, el CNMH señaló que el Estado "no ha sabido responder" a las demandas de las familias ni cumplir con su deber constitucional de proteger a la ciudadanía.
"La falta de acción estatal decidida y eficaz en la búsqueda de las personas desparecidas, y en la identificación y castigo de los autores materiales e intelectuales, ha permitido consumar la desaparición y así garantizar el triunfo del propósito criminal", manifestó.
Colombia registra más de 6,9 millones de desplazados y 260.000 muertos en medio siglo de violencia fratricida, que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes de la fuerza pública.
El gobierno de Juan Manuel Santos firmó el fin de semana en Cuba un nuevo acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla del país, tras el rechazo el 2 de octubre en un plebiscito a un pacto anterior, y que según el mandatario deberá ser refrendado por el Congreso para implementarse.
Además, busca instalar la fase pública de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo rebelde del país.