Con 359 víctimas, Colombia es el país donde se presentó el mayor número de muertes en 2013 por el estallido de minas antipersona. Así lo reveló el director de programas del Servicio de Acción de Minas de la ONU, Paul Heslop.

Esto, a pesar de los esfuerzos del Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal y la estrategia de desminado humanitario que, si bien ha dado frutos en algunas regiones como el oriente antioqueño, no ha podido actuar en zonas donde el conflicto todavía arrecia.

De acuerdo con el Monitor de Minas Terrestres 2013 “a pesar de haber disminuido el número total de víctimas totales, Afganistán, Colombia y Camboya registran el mayor número de víctimas por año en los pasados 14 años. Juntos representan el 38% de las víctimas desde 1999”.

Para Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la Campaña Colombiana contra Minas, “es muy importante entender que en Colombia, hasta que no lleguemos al fin del conflicto, no vamos a poder indicar que está superado el problema de las minas antipersonal”.

Según Jiménez, las regiones donde aún hay un alto riesgo por la presencia de estos artefactos son: zonas de Arauca, Putumayo, Caquetá, Nariño, Córdoba, Bajo Cauca y norte de Antioquia, y el Meta.

Sin embargo, cree que, mientras cesa el conflicto, se puede llegar a un acuerdo para permitir la limpieza de terrenos donde aún hay presencia de grupos ilegales, sin que se afecten los intereses de las partes negociadoras en La Habana. “A lo que estamos abocados hoy en la campaña colombiana contra minas es a impulsar que se pueda hacer un acuerdo especial entre el Gobierno y las Farc en el que se prioricen los intereses de las comunidades y se puedan hacer algunas acciones de limpieza que impiden la movilidad de niños a las escuelas o el acceso a fuentes de agua”, aseguró a El Nuevo Siglo.

Convención global

Entre ayer y hoy se lleva a cabo en Medellín la Convención Global sobre la Prohibición  de Minas Antipersonal. Bajo el lema 'Tendiendo Puentes Entre Mundos', más de 300 personas intercambian conocimientos y experiencias que permitan fortalecer los procesos para garantizar los derechos de los sobrevivientes.

Durante el encuentro, Todd Howland, representante de la ONU para los derechos humanos en Colombia, destacó los avances en normativas internacionales para avanzar en la protección de las víctimas de minas antipersonal. Entre estas, hizo referencia a los Protocolos de Ginebra y a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2008. Sin embargo aclaró que “en el marco legal sí hay desarrollo, pero en la realidad estamos muy lejos de ser una sociedad incluyente”.

Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón, resaltó la importancia de la Convención: “La Conferencia será un escenario para ratificar el compromiso de Colombia con las víctimas de minas antipersonal, así como con las demás víctimas del conflicto armado”.

Garzón habló sobre los avances del Gobierno en la protección de los derechos de esta población: “La Ley 1448 es sin lugar a dudas un referente para el mundo ya que busca recomponer el tejido social y el camino hacia el perdón y la reconciliación”.

Antioquia, modelo en desminado

En 2012, el Gobierno anunció una noticia que alegró al país, especialmente al departamento de Antioquia: San Carlos, al oriente del departamento, era el primer municipio de Colombia libre de riesgos de minas. Esta población había sido una de las más afectadas por la disputa entre paramilitares y guerrilla, dejando a 172 víctimas de minas.

Este fue el primer logro de la Gobernación de Antioquia, que priorizó tres municipios en el tema de desminado humanitario. Ahora, Granada y San Francisco, vecinos de San Carlos, esperan  recibir el mismo anuncio. Zambrano, en Bolívar, también será declarado “zona libre”, algo que, para Álvaro Jiménez indica que en estos lugares “se ha hecho un trabajo de limpieza, pero no se garantiza que esté 100% libre de minas. Es un avance pero implica la necesidad de fortalecer”.

Claudia Giraldo, secretaria de Gobierno de Granada, le explicó a El Nuevo Siglo que, desde los inicios del programa en 2009, se han atendido 142 solicitudes de desminado que llegan desde las veredas, y quedan 122 pendientes.

Uno de los resultados más visibles de esta política es que han empezado a retornar los desplazados por la violencia: “A medida que vamos avanzando con el desminado, la gente va teniendo confianza para volver a sus veredas. Tenemos un 50% de lo que era la población del municipio entre 1998-2000”, aseguró Giraldo. Sin embargo, este logro ha desencadenado una crisis humanitaria en Granada, pues no cuentan con los recursos suficientes para atender a la población que retorna.

Durante la jornada de la Convención de ayer, el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, explicó los tres pilares de la estrategia gubernamental: asistencia a víctimas, desminado humanitario, y educación a niños de las veredas para prevenir que caigan en minas. Este último punto representa, para Londoño, un mal necesario: “No es una lección que nos gustaría dar, pero lo hacemos convencidos de que es necesario”.