Desde hace  poco más de un año Colombia conoció la noticia de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por algunas irregularidades en su funcionamiento, y desde ese momento el Gobierno dijo que tomaría una serie de medidas para fortalecer la lucha contra la droga.

La primera acción que ejecutó fue trasladar las funciones de la DNE al recién creado, en ese entonces, Ministerio de Justicia y del Derecho, luego de un riguroso estudio del Ministerio del Interior que daba cuenta que la nueva cartera estaba en total capacidad de ejecutar las acciones de la entidad en liquidación y para desarrollar las políticas de Gobierno en cuanto a prevención y control de estupefacientes en el territorio nacional.

En consecuencia, fue creada la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, la dependencia del Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa que tiene ahora en sus manos la proposición de los lineamientos para la formulación de políticas encaminadas hacia la lucha contra las drogas.

La segunda acción que anunció el entonces ministro del Interior Germán Vargas Lleras fue la formulación de un nuevo Estatuto Nacional de Drogas, el cual tenía como objetivo actualizar la Ley 30 de 1986.

Según Vargas Lleras, la norma “atañe a los aspectos relativos a los precursores, las sustancias sustitutivas y emergentes, y además consagra como nuevo tipo penal el tráfico de sustancias químicas utilizadas en el procesamiento de las drogas”.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido presentada ante el Congreso ninguna iniciativa con ese fin, a pesar de que el anuncio de su radicación estaba para el 20 de julio del año pasado y de que se conoció un borrador oficial de la propuesta que el Gobierno presentaría, la cual había sido trabajada y consensuada con 40 instituciones y órganos del Estado.

El primer intento de proyecto se centraba básicamente en cinco aspectos: reducción de la oferta de estupefacientes, de la demanda, de combate a la infraestructura económica del narcotráfico, gestión internacional y fortalecimiento institucional.

Finalmente el proyecto no fue radicado en 2011, pero en marzo de este año el Gobierno hizo un otro intento de socializar un nuevo Estatuto, el cual contemplaba volver al consumo de la dosis mínima, pero diminuyendo las cantidades de porte permitidas; un principio de oportunidad para los campesinos dueños de cultivos ilícitos; e incluso, castigos penales a quienes fueran sorprendidos consumiendo alucinógenos en lugares públicos.

No obstante, las críticas a este segundo borrador, en especial al punto de la dosis mínima, no se hicieron esperar y se tomaron la opinión pública.

En consecuencia, un año después de hecho el anuncio no hay ningún proyecto en ese sentido haciendo tránsito en el Congreso, a pesar de la importancia que para el país reviste la lucha contra las drogas, según le explicó a este Diario el ex director de la Policía General ® Luis Ernesto Gilibert, quien considera que a partir de ahí se podría direccionar una estrategia clara de trabajo en el país. “Eso es muy importante porque fijaría una política y les permitiría, tanto a las autoridades como a la Fuerza Pública, direccionar su trabajo de una forma más clara, más precisa”.

El General (r) agregó que dentro del articulado de la propuesta deberían estar incluidas varias entidades del Estado, las cuales deben tener un mayor compromiso con la lucha antidroga que está librando el país.

“Hay muchas cosas que se deben tener en cuenta en el Estatuto para que dejemos de pensar que la lucha contra la droga la tienen que enfrentar la Fuerza Pública y la Fiscalía acompañadas del Gobierno de Estados Unidos, sino que sería un país amparado en una ley o una estructura jurídica donde todo el mundo está comprometido”, explicó.

Todo parece indicar que la tercera legislatura de este Gobierno, por fin, será testigo de la presentación de la iniciativa, según lo anuncio hace unos días el presidente Juan Manuel Santos, quien, entre los proyectos listos y pendientes para radicar durante las próximas semanas, nombró el Estatuto.

“Quedan listos para ser presentados al Congreso de la República un nuevo estatuto para el ejercicio de la abogacía, un nuevo estatuto de drogas, un nuevo código penitenciario y carcelario”, dijo el Presidente, quien a pesar de que no dio detalles sobre las temáticas en las que se basará, volvió a abrir las puertas para la discusión de una iniciativa que está frenada desde hace más de un año.