La central sindical de Estados Unidos AFL-CIO denunció que el gobierno de Colombia no ha garantizado eficazmente los derechos laborales ni frenado la violencia contra sindicalistas, como se comprometió bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

A pesar de varias medidas tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos, "la AFL-CIO piensa que todavía queda mucho trabajo por hacer para asegurar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo sus vidas", consideró un informe de la central sindical divulgado este martes.

Los esfuerzos por implementar un plan de acción acordado entre Bogotá y Washington en paralelo al TLC, que entró en vigor en mayo pasado, "han sido más bien simbólicos", lamentó en rueda de prensa Celeste Drake, una de las autoras del reporte.

Desde que fue aprobado el plan de acción en abril de 2011, 34 sindicalistas han sido asesinados, 11 de ellos este año, denunciaron líderes sindicales colombianos y organizaciones no gubernamentales presentes en el lanzamiento del informe.

La central sindical lamentó que el gobierno de Barack Obama haya avalado los avances de Colombia en la implementación del plan, al tiempo que le pidió "redoblar sus esfuerzos para promover los derechos laborales y proteger a los defensores de estos derechos" en el país sudamericano.

AFL-CIO reconoció que el gobierno de Santos, y sobre todo el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, muestran voluntad política, pero afirma que sus esfuerzos no tienen eco en instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, o en los gobiernos regionales.

Transformar "la cultura en Colombia que por años ha tolerado la represión contra los trabajadores" es difícil de cambiar sólo "con las buenas intenciones de las personas que están en la cúspide" del gobierno, dijo Drake.

El plan de acción tomará "varios años" para concretarse, estimó.

Los representantes sindicales retaron al gobierno colombiano a realizar un debate público sobre el plan de acción.

"Que confrontemos cifras y ahí decidimos quién tiene la razón", dijo Johnson Torres, vicepresidente del sindicato de corteros de caña del Valle del Cauca, quien afirmó que tuvo que cambiar recientemente de residencia junto a su familia tras recibir amenazas de muerte.

Durante una visita a Washington en abril, el ministro Pardo admitió que la violencia contra los sindicalistas continúa, pero defendió las iniciativas del gobierno de Santos para revertir la situación.