Continuos abusoslaborales en Colombia destaca el informe elaborado por los representantes demócratas George Miller (California) y James McGovern (Massachusetts), según lo divulgó ayer la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Washington Office on Latin America, WOLA).

WOLA recordó en su comunicado que el informe de Miller y McGovern llega un año después de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, y dos años después de que los presidentes Barack Obama y Juan Manuel Santos acordaran el Plan de Acción Laboral que finalmente destrabó la aprobación del TLC en el Congreso norteamericano.

El Plan de Acción pretendía abordar violaciones de derechos laborales como fórmula para apaciguar las dudas de muchos legisladores estadounidenses para dar su visto bueno al TLC.

"A pesar de la retórica altisonante y amplios planes de reforma de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, este informe muestra cómo Colombia ha fracasado manifiestamente en cumplir los compromisos contraídos en el regazo", Gimena Sánchez, vocera de WOLA.

"Protecciones laborales básicas, como el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, siguen siendo violadas en una escala nacional", agregó Sánchez.

Según el informe, la gran mayoría de violaciones de derechos laborales y la violencia antisindical queda impune.

A partir de datos de la Escuela Nacional Sindical, con sede en Medellín, el informe de Miller y McGovern señaló que más del 93 por ciento de los casos de violencia contra los sindicalistas no dan lugar a una condena. Igualmente preocupante es que incluso cuando las multas se imponen con éxito por violaciones en el lugar de trabajo, rara vez son cobradas.

"Si bien es positivo que la violencia contra sindicalistas ha disminuido, este cambio no se ha traducido en mayores derechos de los trabajadores", sostuvo Sánchez.

"Un progreso tangible en Colombia será imposible mientras despidos ilegales, la subcontratación e incluso asesinatos languidecen en la impunidad", declaró.

En 2011, el Plan de Acción identificó cinco sectores económicos prioritarios -la industria del aceite de palma, azúcar, minería, puertos y la floricultura- como las áreas donde se necesita avanzar.

Ahora, dos años más tarde, los planes de contratación indirectas, que permiten a los empleadores evitar las obligaciones legales de sus trabajadores, han seguido en estos sectores.

Según el informe, el 80 por ciento de los trabajadores portuarios no tienen un contrato directo con su empleador, privándoles de la posibilidad de negociar colectivamente para un salario justo, la protección laboral y asistencia sanitaria básica, existen situaciones similares en otros sectores prioritarios.

El informe señaló que los beneficios del acuerdo comercial aún no han alcanzado muchas de las comunidades por las que pasa el comercio. Se ve en el puerto de Buenaventura, donde el acuerdo comercial ha generado el crecimiento de las exportaciones y el comercio internacional, pero sobre todo la población afrocolombiana del puerto no ha dejado de sufrir la pobreza y la discriminación.

También toma nota de la brutal violencia que se ha desatado en la zona, los grupos paramilitares se disputan el control de este puerto clave Pacífico. En 2012, por ejemplo , la violencia desplazó a más de 9.000 personas - la gran mayoría de los afrodescendientes, de sus hogares en Buenaventura.

Para Sánchez, resulta inquietantemente que en medio de este clima de violencia paramilitar en Buenaventura, la ayuda militar de Estados Unidos siga apoyando a las brigadas del Ejército colombiano a las que varios grupos habrían denunciado por mantener vínculos con grupos paramilitares.

"La violencia espantosa se ​​ha apoderado de Buenaventura y no queda claro cuál es el papel de las unidades militares –que operan con ayuda norteamericana– en la región y sus conflictos", dijo Sánchez.

"Dado los últimos vínculos entre militares y paramilitares en Colombia, el gobierno de Estados Unidos debe mirar de cerca la ayuda que otorga en dólares estadounidenses e identificar cualquier conexión con grupos armados ilegales", anotó.

Según el informe, el Gobierno colombiano debe tomar medidas más enérgicas para hacer cumplir el Plan de Acción Laboral e insistir en que los empresarios respeten el derecho de sindicalización y de negociación colectiva.

Tanto Estados Unidos como Colombia tienen que ver algunas de las consecuencias no deseadas de los acuerdos comerciales, incluyendo su impacto en comunidades como Buenaventura.