Colombia, inconforme con la delimitación marítima en el Caribe con Nicaragua que definió esta semana la Corte Internacional de Justicia (CIJ), busca salidas sin desconocer el fallo, en un contexto de estrecho margen de maniobra jurídica y diplomática.

"Este trago no lo vamos a pasar así no más. La resignación aquí no cabe", advirtió la canciller María Ángela Holguín durante una comparecencia en el Congreso el miércoles, dos días después del que el tribunal de la ONU anunciara el fallo sobre una demanda interpuesta por Nicaragua en 2001.

La CIJ resolvió una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos rechazó la nueva frontera marítima y estudia alternativas para materializar esa reacción, aunque los expertos ven pocas opciones.

Pese al fallo, los barcos de la Marina de guerra colombiana que usualmente patrullan esa zona continuaban allí, según aseguró el comandante de la institución, almirante Roberto García-Márquez.

El oficial dijo que recibió instrucciones para "mantener la soberanía nacional en la jurisdicción marítima colombiana (...) entendida como la que históricamente el pueblo colombiano ha conocido por más de 200 años".

Para Ricardo Abello, profesor de derecho internacional de la Universidad El Rosario de Bogotá, a Colombia sólo le quedan dos acciones: pedir aclaración del fallo y una revisión.

Aunque consideró que el fallo "es ajustado al derecho", Abello dijo a la AFP que "hay puntos que no son claros, por haber dejado enclaves y no haber respetado la unidad del archipiélago".

Para el gobierno colombiano, con el nuevo trazado de la línea limítrofe en el mar, la Corte "fraccionó" el archipiélago de San Andrés, pues dejó enclavados en las nuevas aguas de soberanía nicaragüense los cayos colombianos de Quitasueño y Serrana.

Ello afectará el "equilibrio marítimo de la zona", consideró Abello.

Además, según la canciller colombiana, el fallo de la Corte "desconoce por completo la zona económica exclusiva y la plataforma continental".

"Si hubiera respetado la plataforma continental de Providencia, esa cubría Quitasueños y esa área", precisó Holguín.

En tanto, Antonio Rengifo, experto en derecho internacional marítimo de la Universidad Nacional de Colombia, consideró que la decisión de la CIJ es "bastante problemática", e instó al gobierno a "estudiar muy bien la situación".

Además, al margen de las consecuencias para Colombia del fallo, éste "crea una situación de inseguridad jurídica a nivel mundial porque ahora cualquier país podrá desconocer un tratado y acudir a la Corte", dijo Rengifo a la AFP.

El académico hizo alusión de este modo al tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, con el que en 1928 Managua cedió a Bogotá las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y declarado nulo por Nicaragua en 1980.

En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas y se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.

En 2007 la CIJ desestimó las objeciones de Colombia acerca de que no era competente para conocer del caso.

Los habitantes de la isla de San Andrés realizarán el viernes una manifestación de protesta contra el fallo, que el gobierno colombiano asegura también compromete tratados limítrofes firmados con Costa Rica, Panamá y Honduras.