Al menos 200 activistas ambientales, una cifra récord, fueron asesinados en el mundo en 2016, el 60% de ellos en países de América Latina, indica un informe de la oenegé Global Witness publicado este jueves.

El balance, que dobla el de hace dos años, es el más grave desde que la organización empezó a contabilizar los asesinatos de ecologistas en 2002.

Se trata del reflejo de una ola de violencia en la que "las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias", lamenta la organización.

En 2016 los asesinatos de activistas ambientales se extendieron ademas geográficamente, hasta 24 países distintos, comparados con los 16 países de 2015.

Brasil, Colombia y Filipinas acaparan más de la mitad de los asesinatos, seguidos por India, Honduras, Nicaragua, la República Democrática del Congo y Bangladés.

"La despiadada lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea, una vez más, el país más mortífero del mundo", con 49 asesinatos en un año, indica el informe.

Al mismo tiempo Honduras sigue siendo el país más peligroso por su número de asesinatos per cápita durante la última década.

El 60% de los asesinados tuvieron lugar en países de América Latina y el 40% de víctimas eran miembros de grupos indígenas, indica la oenegé.

"La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países se están quedando sin otra opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o la erosión de su medio ambiente", lamenta Ben Leather, de Global Witness, citado en el informe.

De los asesinatos que han podido ser relacionados a una actividad en concreto, la minería es la industria más sangrienta, con al menos 33 asesinatos vinculados al sector. 

Por su parte también aumentaron las muertes vinculadas a empresas madereras (de 15 a 23 en un año), mientras que hubo 23 asesinatos relacionados con proyectos de la industria agraria.

- Récord histórico en Colombia -

En el caso de Colombia, el número de asesinatos alcanzó un máximo histórico de 37, que Global Witness atribuye a las consecuencias inesperadas del proceso de paz, con las áreas que hasta ahora estaban bajo el control de las guerrillas convertidas de pronto en objetivo de "la codicia de compañías extractivas y paramilitares".

El informe también cita el testimonio de Jakeline Romero, una líder indígena colombiana amenazada por manifestarse contra El Cerrejón, un de las más grandes minas del mundo a cielo abierto.

"Te amenazan para que te calles. No me puedo callar", dice esta activista que lucha contra la mina, propiedad de las mineras suiza Xstrata, británica Anglo American y australiana BHP Billiton.

Proteger los parques naturales —donde actúan los cazadores furtivos para cazar elefantes y recuperar sus cuernos— también es una actividad peligrosa, como demuestran los nueve asesinatos de 2016 en la República Democrática del Congo.

La mayoría de la violencia está localizada en países tropicales, donde la falta de regulación del sector minero y maderero facilita la contaminación del agua, la confiscación de tierras y el desplazamiento de pueblos indígenas.

La corrupción y el abuso de autoridad llevan también a veces a los representantes de la ley a actuar en contra de los activistas de su propio país en vez de protegerlos, según Global Witness. La consecuencia es que policías y soldados han sido identificados como sospechosos en al menos 43 asesinatos en 2016.

"El asesinato es el resultado extremo de una táctica que consisten en silenciar a los activistas, incluyendo amenazas de muerte, arrestos, abusos sexuales, secuestros y agresivos ataques legales", indica la oenegé.

El informe de 60 páginas reúne testimonios de activistas que se han visto enfrentados a la intimidación y a la violencia por protestar ante lo que consideran el pillaje de su tierra.

"Hemos realizado 87 marchas, exigiéndoles que respeten nuestros derechos y no hemos tenido respuesta. Como respuesta, solo hemos recibido balas", explica Francisca Ramírez, una nicaragüense de 39 años que se opone al proyecto de canal para conectar los océanos Atlántico y Pacífico.

En 2016 fueron asesinados en Nicaragua once defensores del medioambiente, lo que lo convierten en el país más peligroso del mundo en número de muertes per cápita este año.