La visita papal recalcó en que la paz está a medio camino, en tanto que la Casa Blanca estuvo a punto de descertificar al gobierno por la debacle en la lucha antidroga y la CPI advirtió que el acuerdo de paz no puede impedir castigar delitos graves

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Pocas veces como en la última semana Colombia había estado tanto en el foco de la comunidad internacional, evidenciando no sólo que la nación tiene un especial estatus en materia geopolítica a nivel continental, sino que muchas de sus crisis y problemáticas coyunturales tienen encima el ojo avizor de instancias extranjeras y multilaterales.

La visita del papa Francisco por cinco días, entre el miércoles y el domingo de la semana pasada, tuvo un amplio seguimiento de los medios internacionales, que así como registraron el fervor multitudinario del catolicismo colombiano con ocasión del periplo del carismático Pontífice, también estuvieron atentos a sus pronunciamientos, sobre todo frente a temas de primer orden como el proceso de paz en Colombia.

Si bien es cierto que Francisco supo ponerse por encima del clima de polarización política que impera en el país respecto a las implicaciones del pacto con las Farc y su accidentada implementación, fue claro, igualmente, que en sus homilías y discursos el Pontífice hizo énfasis no sólo en que Colombia es un país con muchas ventajas y potencialidades que aún están pendientes de explotar y consolidar, sino que recalcó en que la paz estable y duradera no se logrará hasta que la reconciliación sea efectiva, real y sincera.

Para que ello sea posible, el Papa insistió en que aclimatar la pacificación integral del país requiere de un alto componente de justicia para las víctimas de la guerra, el sincero arrepentimiento de los victimarios y la capacidad tangible de reparación. Pero el mensaje papal fue más allá: puso en evidencia que hay otra clase de violencias, distintas a la armada. Violencias que tienen que ver con la exclusión social, la pobreza, la violación de derechos humanitarios, la inequidad económica…

Así las cosas, el periplo de Francisco, aunque logró zafarse de la politización en que algunos sectores quisieron matricularlo, le dejó un mensaje contundente al país y la comunidad internacional: la paz integral, estable y duradera apenas está a medio camino y faltan muchos pasos por dar en esa dirección… Sin duda un mensaje fuerte para muchos sectores que ya dicen a toda voz que la paz está hecha.

Campanazo del CPI

Pero si la advertencia del Papa quedó sonando a nivel local e internacional, no menos eco tuvieron las que hiciera esta semana la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien también visitó el país.

Tras reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, la alta funcionaria del tribunal trasnacional fue enfática en que la aplicación del acuerdo de paz con las Farc no debe ni puede evitar que los culpables de crímenes de guerra respondan ante la justicia y reciban castigo.

"Aunque reconocemos los esfuerzos que se han hecho por la paz, queremos ver que se haga justicia, especialmente para los crímenes más graves que se han cometido y aquellos responsables de estos crímenes", recalcó Bensouda.

Agregó que la Corte sabía que "el proceso que Colombia está desarrollando es innovador, pero al mismo tiempo es muy complejo y ambicioso. De ese modo, varias preguntas y desafíos siguen siendo planteados, pero lo que estamos haciendo es seguir lo que está ocurriendo tan de cerca cómo es posible".

Es claro, en todo caso, que la CPI está pendiente de los primeros fallos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), ya que este prevé que los guerrilleros, militares, policías y civiles culpables de delitos graves, si admiten su culpa y se comprometen a los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, podrían ser condenados a penas ‘restaurativas’ que no implicarían cárcel. Es allí en donde la Corte quiere establecer hasta qué punto este marco excepcional de justicia transicional no implica o deriva en una impunidad total a los victimarios, lo que podría activar la jurisdicción del alto tribunal y desplazar a la JEP por aplicar una “justicia aparente”.

Bensouda insistió en que la Corte tenía una especial preocupación, y así se lo transmitió al Gobierno y la Fiscalía, por el avance de los procesos de juzgamiento de delitos como los llamados ‘falsos positivos’, masacres, desplazamientos forzados y otros cometidos en el marco del conflicto armado.

Por ejemplo, para la CPI es clave que no sólo se castigue al culpable material de los crímenes de personas protegidas, sino también que la sanción se extienda a la cadena de mando militar que dio las órdenes.

Al borde de descertificación

Pero no paró allí la complicada semana para Colombia en materia de lupa internacional. Pasaron de castaño a oscuro, como se dice popularmente, las prevenciones y reservas del gobierno, el Congreso y las autoridades estadounidenses respecto al aumento alarmante de la extensión de narcocultivos en Colombia en los últimos tres años, que ya llegan a 188 mil hectáreas, y un potencial de producción de cocaína superior a las 860 toneladas métricas.

Primero fue el secretario adjunto de Estado de EU para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, quien en una audiencia en el Congreso de su país no sólo recalcó la creciente preocupación por el incremento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia, sino que no dudó en asegurar que “… el Gobierno de Colombia y su presidente, un hombre al que admiro y respeto y que durante diez años he considerado un amigo, creo que se concentraron en los últimos seis años abrumadoramente en las negociaciones de paz, en los acuerdos de paz… Creo que enfocando su atención en eso, por definición, se enfocaron menos en el tema de drogas y de narcotráfico. Y, además, creo que concluyeron que para llegar a un acuerdo de paz con éxito, ellos necesitaban a las Farc en temas relacionados con las drogas”.

Es claro que siendo Colombia el llamado “principal aliado” de Estados Unidos en Suramérica, el riesgo de ser descertificado, poniendo al país en la ‘lista negra’ de naciones que no luchan contra las drogas, era impensable. Sin embargo, es claro que el aumento de los narcocultivos en semejante proporción es un hecho tan grave como inocultable, por más excusas que el gobierno Santos exponga. Y más aún al ser evidente la cuota de responsabilidad aquí del proceso de paz con las Farc, no solo por las treguas unilaterales y la suspensión de fumigaciones con glifosato –petición principal de la guerrilla-, sino por el incentivo perverso que significó el pacto en La Habana sobre el auxilio económico que se daría a los cultivadores que aceptaran erradicar los cocales, lo que disparó –incluso con patrocinio subversivo- la siembra ilícita en todo el país.

Según el documento, Trump desistió de descertificar a Colombia sólo porque la Fuerza Pública sigue dando resultados importantes en materia antidroga, pero si las cifras sobre narcocultivos y cocaína exportada no disminuyen, el próximo año la inclusión del país en la ‘lista negra’, con todos los efectos negativos que ello implica, sería inevitable.

Aunque la respuesta del gobierno Santos fue bastante dura y destemplada, lo cierto es que no explica cómo fue que los narcocultivos se triplicaron. La alianza Colombia-EU se mantiene, es claro, pero la Casa Blanca y el Congreso de ese país la condicionan cada vez más –así como los ya recortados aportes al Plan Colombia- a que la lucha antidrogas dé resultados positivos inapelables, sin excusa alguna.

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