Colombia "acata y respeta" la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de 11 personas en 1985 durante un operativo para recuperar el Palacio de Justicia, tomado por la guerrilla izquierdista M-19, dijo este miércoles el ministro del Interior.

"El gobierno acata y respeta esta decisión y frente a las víctimas señaladas procederá a aplicar y cumplir el fallo", dijo Juan Fernando Cristo en rueda de prensa.

El Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia y distante unos metros de la gubernamental Casa de Nariño, fue asaltado el 6 de noviembre de 1985 por un comando de unos 35 guerrilleros del extinto Movimiento 19 de Abril (M-19), que se pacificó en 1990 y se benefició de una amnistía.

Los rebeldes reclamaban la presencia del presidente Belisario Betancour para hacerle un "juicio revolucionario". Para retomar el control del edificio, las fuerzas militares realizaron una violenta operación en la que murieron unas 100 personas (incluidos once magistrados) y desaparecieron otras 11.

"Este fallo era esperado por el Estado, sin lugar a dudas, pero es un fallo que reconoce los esfuerzos del Gobierno colombiano en el esclarecimiento de los hechos", afirmó Cristo.

Según la Corte IDH, hubo "un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19".

El tribunal pidió al Estado colombiano determinar a la mayor brevedad el paradero de las 11 personas aún desaparecidas.

César Rodríguez, hermano del desaparecido Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, saludó el fallo.

"Para eso hemos estado luchando todos estos años, para conseguir que la Corte condene al Estado, primero por la importancia de esta condena para el país, para las víctimas y para la sociedad en general", dijo a la radio Caracol.

Agregó que espera que con esta sentencia se aceleren las investigaciones y se alcance una justicia completa en el caso.

La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19 y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.

Por el violento ataque de recuperación del Palacio fue condenado en 2012 el coronel retirado Alfonso Plazas, uno de los responsables de la operación militar.

Corte IDH condena a Estado por desapariciones en Palacio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por la desaparición forzada de varias personas en 1985 durante un operativo para recuperar control del Palacio de Justicia, que había sido tomado por la guerrilla del M-19, informó el tribunal el miércoles.

 
"La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19", señaló el tribunal con sede en Costa Rica.
 
"El Estado debe efectuar a la mayor brevedad una búsqueda rigurosa en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las 11 víctimas aún desaparecidas, a la mayor brevedad", precisa el fallo.
 
La sentencia hizo un reconocimiento del hecho de que el Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en la sede judicial para recuperar su control.
 
 
Por su parte el Gobierno nacional respondió la decisión del Alto Tribunal y explicó que “lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 y acompaña a todas víctimas en el establecimiento de la verdad”
 
Además el ministerio del Interior explicó a través de un comunicado que el Estado ha contribuido y utilizado todos los medios que le permitía el expediente internacional para hacer un digno y justo reconocimiento de responsabilidad a las víctimas del Palacio de Justicia.
 
Y aseveró que en varias ocasiones se han emprendido acciones para la reparación integral de las víctimas: su derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de los hechos.  En aquellos casos que han sido probados, las víctimas del Palacio de Justicia han obtenido por vía administrativa una indemnización por parte del Estado colombiano.
En la misiva  explicó que estudiará detalladamente la “sentencia para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance. Posteriormente dará a conocer sus consideraciones a la opinión pública.​”