Durante 2012 y en desarrollo del conflicto armado en Colombia se presentaron 880 violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los distintos actores armados.
Así lo indicó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su informe de actividades durante el año pasado, en el que se cuentan infracciones como muertes, amenazas, desapariciones, desplazamientos, violencia sexual y ataques contra las misiones médicas.
Dichos ataques “afectaron tanto a la población civil de zonas aisladas como a los habitantes de grandes ciudades”, señaló el Organismo.
Del mismo modo el CICR advirtió acerca “del deterioro de las condiciones de vida de la población civil debido al recrudecimiento de las hostilidades en los departamentos de Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Arauca, Putumayo y Nariño”.
La organización humanitaria también identificó “nuevos grupos armados organizados o por actores de la violencia armada en ciudades como Medellín, Buenaventura y Tumaco”.
El Comité hizo un llamado a que sigue habiendo una Colombia lejana que permanece sin recibir la atención necesaria y que no cuenta con acceso a servicios básicos como la educación, salud, transporte o agua potable.
Ayuda humanitaria
En cuanto a ayuda humanitaria por daños causados por los actores armados a la población civil, el CICR indicó que más de 200.000 personas fueron atendidas y beneficiadas en todo el país.
Las ayudas consistieron en: entrega de alimentos y utensilios básicos de aseo de hogar para familias desplazadas, pago de traslados para personas amenazadas, cobertura de gastos funerarios para personas que perdieron a un ser querido que no contaban con los medios para costear el sepelio, pago de medicamentos y tratamientos médicos, evacuación de heridos y enfermos de las zonas en conflicto, y entrega de material para la rehabilitación de infraestructuras.
Aunque el CICR reconoció los avances del Estado en la atención y reparación de las víctimas del conflicto, manifestó su preocupación “por la exclusión de estas normas de un número significativo de víctimas de grupos armados emergentes”.
“Consideramos que tanto las víctimas del conflicto armado como las de otras situaciones de violencia deben recibir atención y reparación sin discriminación alguna. El sufrimiento de las personas afectadas por desplazamientos, homicidios y desapariciones es el mismo, aunque la causa sea diferente. Por ello, no tiene sentido hacer distinciones entre las víctimas”, dijo el jefe de la Delegación del CICR en Colombia, Jordi Raich.
Diálogos de paz
Raich ratificó el apoyo de la organización a los diálogos de paz que se desarrollan entre el Gobierno y las Farc, y dijo que estos se tienen que concretar en el mejoramiento de las condiciones de vida para los habitantes de las zonas en conflicto.
“Apoyamos los diálogos que mantienen el Gobierno colombiano y las Farc en La Habana y los esfuerzos que ambas partes despliegan como una oportunidad excepcional para buscar soluciones al prolongado sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, los resultados de estas conversaciones tienen aún que materializarse en mejores condiciones de vida para las personas que viven en zonas de conflicto”, aseguró el vocero.
El CICR destacó el diálogo confidencial que mantiene con todas las partes en conflicto y con otros actores armados, lo que ha permitido proteger a la población de las zonas en conflicto. “Al transmitir a los presuntos victimarios casos de violaciones conocidas y persuadirlos para que respeten las normas humanitarias”, dice el reporte.
Las anteriores actividades se realizaron con el trabajo conjunto con la Cruz Roja Colombiana.