Las investigaciones que se empezaron a adelantar a magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura han provocado un enfrentamiento entre la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara y la Contraloría General de la República.

Hace menos de un mes, la Comisión le manifestó a la contralora Sandra Morelli su intención de quitarle la investigación, argumentando que ellos son quienes deben estudiar estos casos.

“Le solicito se sirva remitir a esta célula congresional todos y cada uno de los procesos que cursan en su despacho en contra de funcionarios que gozan de fuero constitucional, toda vez que a esta Comisión le compete, en virtud del mandato constitucional, conocer de la investigación contra los referidos funcionarios”, le escribió a Morelli el secretario de la Comisión Gonzalo Pinzón.

Ayer, la contralora Morelli contestó que “no puedo entregar documentos porque tienen reserva” e insistió que ella sí tiene la competencia para adelantar la investigación.

“Creo que en este tema de la investigación se ha querido crear confusión institucional y, si es de competencias, la responsabilidad fiscal se le asigna a la Contraloría”, declaró Morelli, precisando que el tema del ‘carrusel’ de las pensiones está relacionado con un tema fiscal en el cual la entidad tiene facultad para investigar a los magistrados que a través de sus decisiones pudieron haber “afectado la plata de la nación”.

La víspera Morelli invitó a la Corte Constitucional a emitir un “pronunciamiento unificado” sobre diversos aspectos en materia pensional y que puedan dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, que le exigen al Estado la sostenibilidad fiscal del sistema y la liquidación de las pensiones teniendo en cuenta las cotizaciones, ya que “esta falta de claridad en normas y jurisprudencia dieron lugar a los consabidos carruseles de pensiones”.