• Desencuentros en Política Criminal
• Proyecto de beneficios a cocaleros

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que una de las mayores falencias que tiene Colombia es que su Política Criminal no se ha estructurado de una manera seria y objetiva. Todo lo contrario, ya sea por iniciativa gubernamental o parlamentaria, las reformas a los códigos Penal y de Procedimiento Penal son el pan de cada día en este Congreso y sus antecesores. Incluso en alguna ocasión se planteó que en nuestro país se imitara un mecanismo que funciona en otras partes del mundo en donde cualquier modificación a la legislación penal primero debe tener un visto bueno, previo y obligatorio de una instancia oficial multidisciplinaria de la que hacen parte ministerios, departamentos de justicia, altas cortes, fiscalía, facultades de derecho y otros actores del sistema de administración de justicia.

Lamentablemente en Colombia ocurre lo contrario: muchos proyectos de reforma constitucional y legal que cambian los códigos aludidos se radican en el Legislativo sin ningún tipo de ponderación ni revisión previa sobre su oportunidad, proporcionalidad e impacto. De allí que empiezan los debates en las comisiones primeras e incluso llegan las iniciativas a plenarias cuando, por fin, se conoce el concepto del Consejo Superior de Política Criminal alertando, no en pocas ocasiones, sobre la inconveniencia y riesgos de lo que se está analizando. Aun allí su criterio no es de obligatorio cumplimiento. Es más, esa tendencia a la reformitis penal terminó degenerando en lo que ha dado en llamarse “populismo punitivo”, que no es otra cosa que la inclinación parlamentaria a creer que cada hecho o problemática coyuntural que impacte fuertemente a la sociedad se soluciona con la presentación de un proyecto de ley creando un tipo penal, agravando los montos de las condenas para determinados delitos o restringiendo la oportunidad de beneficios penitenciarios a los culpables…

La semana que termina es una fiel muestra de las debilidades de la Política Criminal del Estado. Entre jueves y viernes hubo un fuerte rifirrafe entre el Presidente de la República, el Ministro de Justicia y el Fiscal General alrededor de los alcances del proyecto de ley que radicó el Gobierno para crear un sistema de tratamiento penal diferencial y benévolo para casi 400 mil personas que trabajan en pequeños cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola. Mientras que para el jefe del ente acusador se corre el riesgo de estar beneficiando aquí a los grandes narcotraficantes y sus fortunas ilícitas, el Ejecutivo replicó que no hay tal y que sólo se busca evitar enviar a la cárcel a los integrantes de 100 mil familias cocaleras. En la polémica terciaron exmagistrados, penalistas, exfiscales, exprocuradores, organizaciones campesinas, gremios, generales retirados, congresistas, expertos en temas antidroga… En fin, casi todos los sectores del país opinaron al respecto, sin que nada quedara claro en semejante ‘torre de babel’ jurídica.

Paradójicamente el Ministerio indicó, cuando radicó la iniciativa, que la misma había sido “concertada y socializada” con el Consejo Superior de Política Criminal. Resulta extraño, entonces, que se haya presentado tan agria controversia, ya que en esa instancia están el Ministro de Justicia -quien lo preside-, el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, un delegado del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, los directores de la Policía, la Agencia Nacional de Inteligencia, el Inpec, Bienestar Familiar y Planeación Nacional, así como varios  congresistas.

¿Todos los anteriores, o sus delegados, conocieron el articulado y dieron su respectivo visto bueno durante ese proceso de concertación y socialización de que habla el Ministerio de Justicia? Si esto es así ¿Cómo explicar que nadie haya alertado con antelación de los yerros de bulto que advierte el Fiscal General? Un interrogante más ¿Realmente está funcionando el Consejo Superior de Política Criminal y cumpliendo con una de sus funciones básicas, según la cual debe “emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo, que se encuentran en etapa de diseño, y antes de su trámite en el Congreso la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal”?

Más allá de a quién le asista la razón en cuanto al proyecto de beneficios penales para cocaleros pequeños, lo cierto es que la dura polémica entre el Gobierno y el Fiscal General pone en evidencia que, en materia de Política Criminal, el Estado colombiano sigue improvisando profunda y peligrosamente.

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