La plenaria del Senado tiene previsto votar hoy el proyecto de ley que modifica el Código Penitenciario que tiene como objetivo solucionar la crisis carcelaria que afronta el país, principalmente por el problema del hacinamiento. Dentro de los artículos más controversiales, y que fueron analizados por la comisión accidental se destacan el 31, que tipifica el delito de obstrucción de las vías de comunicación, y el 34, que abre la puerta a la privatización de la vigilancia al interior de los penales del país. Sobre este punto, la comisión de ponentes, encabezada por el senador Jesús Ignacio García (Partido Liberal), se comprometió a evitar que se criminalice la protesta social y que se privatice el servicio de vigilancia en las cárceles colombianas. “La comisión se encargará de resolver las objeciones legítimas que se han expresado en esta honorable comisión, como la posible criminalización de la protesta social, cosa que es inadmisible, y el tema no menos controversial de la posible privatización al interior de los penales”, dijo el senador García. Sobre estos puntos de controversia, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se ha expresado a favor de excluir el artículo sobre la obstrucción de las vías de comunicación y a buscar fórmulas con la comisión accidental para abordar el tema de la vigilancia al interior de los penales. “Con este proyecto se humanizan las cárceles del país. No es la solución absoluta pero es un instrumento que avanza en la dirección correcta. Esperamos que en la comisión se resuelvan las inquietudes de los senadores de cara a la plenaria”, dijo el Ministro. El proyecto, de origen gubernamental y radicado en marzo de 2013 por la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, modifica la Ley 65 de 1993 en cuatro ejes principales que son: la reorganización del sistema penitenciario y carcelario, una nueva regulación en materia de libertad condicional, apoyo a la actividad judicial y fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciario.