Por ser un desarrollo del acuerdo final de La Habana, se tramitaría en el Congreso a través del mecanismo legislativo abreviado (fast track).
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Un proyecto para otorgarles a los cocaleros un tratamiento penal diferenciado fue radicado este martes en la Secretaría del Senado por el ministro de Justicia, Enrique Gil.
Con el fin de contribuir al proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, en el marco del acuerdo final de paz con las Farc, el Gobierno nacional ha venido trabajando desde 2016 en la formulación de un proyecto de ley cuyo objeto es generar mecanismos sociales y administrativos para enfrentar dicha problemática.
Cabe anotar que en el subpunto 4.1.3.4 del acuerdo se reconoce un tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores, el cual busca contribuir a la transformación económica y social de los territorios afectados por cultivos ilícitos e intensificar la lucha contra los actores u organizaciones dedicados al narcotráfico y al lavado de activos.
En este contexto, este martes en la tarde el Ministerio de Justicia y del Derecho radicó ante el Congreso una iniciativa que ofrece tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores, la cual se sustenta en la renuncia especial a la acción penal y la sanción penal incorporada en el acuerdo de paz.
“Se busca fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en las conductas previstas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000. Está previsto que se beneficien unas 100.000 familias”, manifestó el ministro Gil, quien explicó que la iniciativa, por ser un desarrollo del acuerdo final de La Habana, se tramitaría a través del mecanismo legislativo abreviado (fast track).
El alto funcionario añadió que este proyecto hace una diferenciación cualitativa y cuantitativa en la medida en que busca perseguir a las organizaciones criminales que han generado problemas macro, algo que no corresponde a los pequeños cultivadores. “No queremos que se sancione el eslabón más débil de la gran empresa del narcotráfico”, puntualizó.
Para poder acceder a dicho beneficio, el proyecto de ley propone a estos pequeños cultivadores vincularse al Programa Nacional de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y suscribir un compromiso en el que renuncien a cultivar o mantener plantaciones ilícitas.
Dicha iniciativa fue socializada y concertada con el Consejo Superior de Política Criminal, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Antinarcóticos y la Alta Consejería para el Posconflicto.
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