Con la alta politización del Consejo Nacional Electoral, los conflictos internos y la dependencia exclusiva a los partidos políticos, este órgano termina siendo un “eunuco de la Registraduría Nacional”, afirmó el senador Armando Benedetti, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), durante debate de control político en plenaria de Senado.

 

Según Benedetti, tras un decreto emitido por el Ministerio del Interior, para que las autoridades electorales puedan hacer el cruce de la lista de cédulas inscritas con la base de datos del Sisben y el Fosyga para combatir la Trashumancia, se inició una lucha contra el delito electoral para las elecciones locales del 2015, que terminó mal porque el mismo director de Planeación Nacional admitió que no se tenía actualizada esas bases de datos.

 

A pesar de los controles y supuestos resultados de las autoridades electorales contra la trashumancia, sostuvo Benedetti, aún existen 96 municipios en el país con más censo electoral que población, es decir, de acuerdo a estas cuentas oficiales son muchos los niños y muertos que pueden votar. Los departamentos con más municipios con este fenómeno son, Antioquia con 16, Boyacá con 14, Santander con 9 y Cundinamarca con 8.

 

De otra parte, de 9.347 denuncias sobre delitos electorales interpuestas ante el Ministerio del Interior, la Fiscalía recibió 2.042, de las cuales 362 ya tiene actuaciones procesales: 39 escritos de acusación, 264 formulaciones de imputación y 59 solicitudes de medidas de aseguramiento; pero el 95% de los procesos activos se encuentran hasta ahora en etapa de Indagación.

 

Al inicio del calendario para las recientes elecciones locales, el Consejo Nacional Electoral llenaban los titulares de los medios de comunicación del país denunciando la publicidad extemporánea de posibles candidatos. A pocos días de las elecciones de octubre de 2015 se presentaron 478 casos confirmados de publicidad ilegal; sin embargo, el CNE ha emitido tan solo una resolución sancionatoria contra el actual alcalde de Girardota, Antioquia, Vladimir Jaramillo, condenado a un pago por 11.076.996 pesos por esta falta.

 

Para Benedetti, el alto presupuesto que el Estado invierte en las elecciones y que es administrado por la Registraduría Nacional con polémicas formas de contratación, muestra que la manera de votación del papel no garantiza la transparencia del ejercicio de la democracia. En las últimas elecciones de 2010 a la fecha, la Registraduría Nacional ha gastado 1.2 billones de pesos pero los delitos electorales han aumentado poniendo en riesgo la democracia.

 

Según datos de la Registraduría, de 2010 a 2015 se han gastado en elecciones 1.227.673.830.517 pesos siendo el año 2013 donde hubo más gastos con 573.400.883.978 pesos y solo se hicieron elecciones atípicas y consultas de los partidos.

 

El senador Benedetti propuso que se implemente el voto electrónico que ya está ordenado por la ley y que se estima que tiene un costo de 1,4 billones de pesos. Que haya voto obligatorio, que la jornada electoral se realice en días hábiles, que el transporte público sea gratuito en el día de elecciones, que haya financiación estatal de las campañas y prohibición absoluta de dineros particulares, establecer un nuevo censo electoral y crear un sistema único de identificación.

 

Benedetti enfatizó que el Consejo Nacional Electoral se debe cambiar por un Tribunal Independiente como funciona en México y Estados Unidos, “darle verdaderas facultades a este tribunal para que pueda revocar el aval a candidatos, a los que se les demuestre que están inmersos en delitos e incumplan los requisitos de ley”.