El proceso que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a la impugnación de la Convención del Partido Conservador que se realizó el pasado 26 de enero, quedó suspendido ayer provisionalmente mientras ese alto tribunal decide sobre las recusaciones que fueron interpuestas contra siete de los nueve magistrados.
Como se sabe, la Convención fue impugnada por el exmagistrado Guillermo Reyes, que cuenta con el apoyo de 18 senadores y un nutrido grupo de Representantes a la Cámara. Se alega que en el cónclave partidista no sólo se le impidió hablar a los partidarios de que el Partido apoyara la reelección del presidente Juan Manuel Santos, sino que, además, se incurrió en otras anomalías como el incumplimiento del orden del día, el haber proseguido con el evento pese a la renuncia de tres de los cuatro miembros del Comité de Garantías así como irregularidades en el sistema de votación electrónica.
Ayer el exmagistrado Jaime Arrubla, el excomisionado de Paz Camilo Gómez y el exviceministro de Justicia Miguel Ceballos, presentaron las recusaciones fundamentadas en que estos siete magistrados fueron propuestos para su elección en el Congreso por los partidos de la Unidad Nacional, la cual ha apoyado durante los cuatro años el gobierno del presidente Santos y hoy también lo hace con su aspiración a la reelección.
Los magistrados recusados son Pablo Gil de la Hoz, Óscar Giraldo, Luis Bernardo Franco, Yolima Carrillo, Emiliano Rivera, Joaquín José Vives y José Joaquín Plata.
De tal forma que a los magistrados Juan Pablo Cepero y Nora Tapia les corresponderá definir si sus colegas están incursos en un conflicto de intereses.
Arrubla explicó a EL NUEVO SIGLO que “los magistrados del Consejo Electoral son elegidos por el Congreso, y el Congreso, de conformidad con la ley electoral, queda representado en ese Consejo Nacional Electoral. Para nadie es un misterio que al interior del Congreso hay una coalición de los partidos políticos con el Gobierno, que es lo que se llama la Unidad Nacional, y la Unidad Nacional no quería que el Partido Conservador tuviese un candidato propio, así lo han manifestado los senadores de la Unidad Nacional. Los conservadores querían que fuera apoyada la candidatura del actual presidente Santos para la reelección”.
Precisó que “…lo mejor, lo más ético, lo más independiente es que se aparten del conocimiento del caso para que pueda ser decidido conforme a la ley y no conforme a intereses políticos”.
Un exmagistrado del CNE, consultado al respecto por EL NUEVO SIGLO, indicó que la recusación sería improcedente porque es la Constitución la que determina la forma de elección del CNE. Además, bajo la tesis de la procedencia partidista de los magistrados, el alto tribunal no podría tomar ninguna decisión sobre ningún candidato o partido, pues siempre sería recusado, lo que es ilógico.
Las recusaciones se interpusieron horas antes de que el CNE realizara una audiencia pública en donde estaba previsto que los voceros de ambas partes expusieran sus respectivas tesis. Ya se han practicado varias pruebas testimoniales y documentales en torno al caso.
Una vez se terminara esa audiencia, el magistrado ponente, J.J. Vives, confeccionaría su proyecto de fallo, el que debería ser sometido a la sala plena del CNE, en manos de la cual quedaría la decisión final sobre todo este proceso. Todo esto debería concretarse antes de que termine este mes. Sin embargo, como se dijo, todo quedó suspendido mientras se definen las respectivas recusaciones.