Carlos Fernando Galán anunció que insistirá en evitar que los aspirantes puedan participar en los comicios.

LOS NUEVE aspirantes a los que Cambio Radical les revocó el aval por “conveniencia política” podrán presentarse a las elecciones del 30 de octubre, según lo decidió ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El presidente de la colectividad Carlos Fernando Galán, que había pedido al CNE anular las respectivas inscripciones, anunció que acepta la decisión pero que buscará la forma de evitar que esos aspirantes puedan participar en los comicios.

Galán consideró que los aspirantes que no tienen el aval de su partido no deben participar en las elecciones y pedirán un concepto jurídico a la Registraduría que avale su posición: “Al revocar el aval se elimina la inscripción y le pediremos a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral que nos de un concepto sobre el particular para determinar qué hacer”.

El magistrado Joaquín José Vives, presidente del CNE, explicó que el argumento de inconveniencia política “no es un motivo o causal legal que permita anular las candidaturas, pues no hay norma que así lo contemple”.

“Si esa es la decisión del Consejo Nacional Electoral la respetamos, sin embargo, nosotros tenemos una interpretación jurídica que va mas allá, en qué sentido, en que la misma Misión de Observación Electoral, MOE, ha compartido con nosotros la tesis según la cual el partido también puede revocar los avales, y una vez revocado el aval, siendo que es un acto administrativo, se produce un decaimiento del acto administrativo”, reiteró Galán.

“Entonces si el Consejo Nacional Electoral dice eso, de todas maneras esta la opción de pedir que acepte el decaimiento del acto administrativo de inscripción, dado que el partido ya revocó los avales, acto que es potestativo de la colectividad porque es el que los otorga o los revoca”, agregó.

Entre los avales retirados por Galán está el de Julio César Acosta, concejal que buscaba ser reelegido, quien es hijo del exgobernador araucano Julio Acosta procesado por homicidio, y José Luis Pinedo, aspirante a la Gobernación del Magdalena, hijo del excongresista Miguel Pinedo, actualmente enjuiciado por parapolítica.

En este selecto grupo también figuran, entre otros, Carlos Eduardo Pinilla, candidato a la Gobernación de Arauca y exsecretario del exgobernador Acosta; Luz Marina Rivera, suegra de Carlos Noel Buitrago, alias Porremacho, primo del jefe paramilitar Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, candidata a la Asamblea de Casanare.

El concepto de la MOE, mencionado por Galán, está contenido en cartas enviadas al CNE y a la Registraduría, en las que expresó que los partidos políticos no necesitan hacer trámite ante el Consejo para retirar el aval de candidatos que consideren “inconvenientes políticamente” o que tengan “investigaciones penales”.

La MOE consideró que “las solicitudes que los partidos políticos hicieron al CNE pidiendo revocar las inscripciones porque los candidatos están siendo investigados o por motivos de conveniencia política, al no estar previstas como causales de inhabilidad en la Constitución o la ley, no pueden ser atendidas por el CNE por carecer de competencias para ello.”