Fue aprobado por parte del Consejo Nacional Electoral el reconocimiento a Voces de Paz como agrupación política, luego de haberse constituido hace algunas semanas para asumir la vocería en el Congreso de la República en la implementación de los acuerdos de paz, verificando que las leyes y las reformas constitucionales que se aprueben recojan el espíritu de lo pactado en La Habana por el Gobierno y las Farc para finalizar el conflicto.
Un segundo objetivo que se ha planteado Voces de Paz es eventualmente servir de plataforma para que las Farc hagan el tránsito a partido político.
En cuanto al papel que cumplen seis voceros de Voces de Paz en el Congreso en la implementación de los acuerdos con voz pero sin voto, Imelda Daza, una de las que participa, ha aclarado que no son de las Farc y que la tarea que hacen se circunscribe a unos ciudadanos animados en que se alcance la paz.
La Sala Plena del Consejo Nacional al reconocer a Voces de Paz como una agrupación política acogió la ponencia en ese sentido que presentó desde finales del año pasado el magistrado Héctor Helí Rojas.
En ese sentido el presidente de la Corporación, magistrado Alexander Vega, explicó que el reconocimiento a Voces de Paz le permitirá hacer actividad política, pero ello no implica que tenga derecho a recibir la personería jurídica ni financiación del Estado, como sí sucede con los partidos y movimientos políticos que cuentan con ésta.
“Con el reconocimiento de la organización electoral podrán hacer actividad política pero ya tendrán toda la protección como agrupación política”, explicó el magistrado Vega.
Por su parte, el magistrado Rojas dijo que “este registro a ese grupo de ciudadanos es especial y es transitorio, es decir que sólo va a durar el tiempo que dure la constitución del partido político de las Farc. Esta agrupación yo creo que no puede crear otro movimiento o partido político”.
A favor del reconocimiento político al movimiento Voces de Paz votaron 8 de los 9 magistrados que integran el Consejo Nacional Electoral. Votó en contra la magistrada Ángela Hernández, quien argumentó que dicho reconocimiento se podría dar hasta que este movimiento alcanzara la personería jurídica.