Un bloque de magistrados considera que la caducidad para investigar estas cuentas se producirá a partir de mañana; en tanto que otros sostienen la tesis que hay tiempo, pues para el caso del presidente Santos vencería en diciembre y de Zuluaga en octubre próximo
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La división de criterios que existe entre los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral acerca de cuál es la fecha que se debe tomar en cuenta para contar los tres años que configuran la caducidad para investigar las cuentas de las campañas, no permitió ayer que se pusieran de acuerdo sobre si el organismo investigará las aspiraciones presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en el año 2014.
Ello a pesar que el pasado miércoles, la Fiscalía envió al CNE todos los elementos materiales probatorios de naturaleza testimonial y documental que a la fecha tiene en su poder, “y que le permiten concluir certeramente, que en relación con las campañas presidenciales 2014 – 2018, Odebrecht asumió costos relacionados con las mismas y que los dineros se pagaron desde el Departamento de Operaciones Estructurales, creado por la compañía brasilera”, señala la compulsa del ente investigador.
El CNE señaló ayer en un comunicado que “dentro de las pruebas decretadas aún se encuentran pendientes algunas por ser recaudadas. Por tal motivo y en atención a que el periodo probatorio no ha culminado y que el procedimiento aún se encuentra en trámite, precisamos que el término ‘certeza' al que hizo alusión la Fiscalía General de la Nación, debe referirse a las investigaciones por ella adelantadas y no a los juicios de fondo que en el futuro tomen los jueces de la República, y en el aspecto jurídico electoral, esta Corporación en su Sala Plena… Entonces, se precisa que, no es igual la certeza del investigador a la certeza del fallador”.
Agregó que la Sala Plena determinará si efectivamente existió financiación prohibida a las campañas citadas, “si éstas la autorizaron o conocían del hecho, si indudablemente ingresaron los presuntos dineros y si se demuestra lo anterior, porque no se reportaron. Hacerlo antes, constituirá prejuzgamiento”.
Añadió que al resolver la consulta que en su oportunidad hiciere el exministro Juan Fernando Cristo a la renuncia al término de la caducidad por parte del presidente Santos, “la Sala Plena se abstuvo de contestar en concreto, advirtiendo que de dar respuesta en concreto, se interferiría con los procesos que actualmente se encuentran en curso en la Corporación y que con las debidas restricciones llevan los magistrados Rivera y Hernández”.
Por lo demás, continuó el CNE, “respecto de la posibilidad de que opere el fenómeno de la caducidad en los próximos tres días, se debe precisar que no hay tesis única al respecto; por el contrario, la doctrina y la jurisprudencia han debatido si el término se debe contar desde cuando el particular presento´ sus informes de campaña, desde la fecha límite para presentar los informes o desde el día en que se registró la última modificación a los mismos”.
Por ello concluyó el CNE que “de momento no podemos decir cuál será´ la tesis que acoja la Sala. Eso dependerá de lo que propongan los magistrados ponentes que llevan los casos”.
En este momento hay dos investigaciones abiertas en el CNE por este asunto: una a cargo del magistrado Carlos Camargo, quien ya rindió ponencia indicando que a la campaña de Zuluaga entraron dineros de Odebrecht para pagar los servicios de un publicista brasileño.
En tanto que la de la magistrada Ángela Hernández, no han entregado la ponencia sobre la campaña de Santos, pues decidió esperar primero las pruebas de la Fiscalía.
Fiscalía
Por el escándalo de Odebrecht la Fiscalía tiene abiertas investigaciones por el contrato con Navelena para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena; la adjudicación del contrato del interceptor Tunjuelo-Canoas en Bogotá; así como el crédito del Banco Agrario a Navelena.
Además ha hecho indagaciones por el otrosí de la Ruta Ocaña-Gamarra, en donde se identificó la existencia de un contrato con el ex congresista Otto Bula, aprovechando los contactos que éste tenía con políticos y funcionarios públicos. Por virtud del cual éste habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht, una comisión de éxito por la suma de 4.6 millones de dólares.
Por la adjudicación a Odebrecht de la Ruta del Sol II la Fiscalía investigó en primer lugar al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien aceptó que recibió 6,5 millones de dólares de la multinacional.
Producto de ello, la Fiscalía acusó al exsenador Bula y al exviceministro García Morales por cohecho y enriquecimiento ilícito. Además, el empresario Enrique Ghisays fue acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
También la Fiscalía ordenó la imputación de cargos contra Juan Sebastián Correa, actual asesor del presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade.
En marzo pasado, la Fiscalía dijo que por el caso Odebrecht está investigando a 36 personas entre ex viceministros, funcionarios de Odebrecht, ex senadores, ex directores de la ANI, civiles, senadores entre otros.
Procuraduría
Una importante actividad ha desarrollado la Procuraduría General de la Nación tras conocerse que la multinacional brasileña pagó multimillonarios sobornos en Colombia para hacerse a contratos de obra pública.
En enero pasado abrió indagaciones preliminares sobre el contrato Ruta del Sol II y los otrosí que se firmaron; el préstamo del Banco Agrario a Navelena; el contrato suscrito por la empresa de Acueducto de Bogotá y Odebrecht para el proyecto de interceptores Tunjuelo – Canoas y el contrato firmado por el Invías para la ejecución de la obra que comunica a Puerto Boyacá con Chiquinquirá.
En lo que tiene que ver con la adjudicación del Contrato Ruta del Sol II indagó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales; al exsenador Otto Bula; altos directivos de Odebrecht y funcionarios de la ANI, entre ellos al presidente de esta última, Luis Fernando Andrade.
De igual forma, el Ministerio Público presentó una acción popular en defensa del patrimonio público y frente al daño moral que causó Odebrecht al Estado colombiano.
Con el mismo propósito en marzo pasado, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca congelar los bienes y contratos de la firma Odebrecht frente a la ejecución de la Ruta del Sol, con el fin de evitar que sean comercializados o enajenados.
También la Procuraduría solicitó a finales de marzo pasado a la Fiscalía investigar un contrato de la empresa de publicidad Marketmedios, de la familia del gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, Roberto Prieto, con la multinacional Odebrecht por $1.044 millones.
Además, el Ministerio Público dio traslado a la Fiscalía de 66 contratos suscritos por Marketmedios con 31 entidades, entre los años 2011 y 2016, por un valor superior a los $84.560 millones.
De igual forma en marzo pasado, la Procuraduría reabrió la investigación por denuncias sobre el contrato de la Ruta del Sol por supuestas extorsiones a contratistas, presentada ante la Entidad el 11 de noviembre de 2010 por el representante de la Red de Veedurías Ciudadanas.
Con esta reapertura de investigación fueron vinculados al proceso los siguientes funcionarios para la época de los hechos: Daniel García Arizabaleta, en su condición de director del Invias; el exviceministro García Morales; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías, y Miguel Peñalosa, Alto Consejero para las Regiones y Participación Ciudadana.
De igual manera en marzo pasado, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema y la Procuraduría para que se indague la conducta del senador Bernardo Miguel Elías, debido a que tiene en su poder el registro de las llamadas telefónicas de éste con el exsenador Bula.
Además, la Procuraduría investiga a las ex ministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, quienes previamente fueron denunciadas por congresistas del Centro Democrático que las señalan de incurrir en el delito de tráfico de influencias en el otrosí a la Ruta del Sol II para la construcción de la variante Gamarra-Ocaña, que obtuvo en el año 2014 la firma Odebrecht.
El Ministerio Público abrió investigación a Álvarez en abril pasado y luego, en julio pasado, a Parody.
Dice la Procuraduría que la entonces Ministra había caído en un conflicto de intereses, pues habría firmado los Conpes 3817 de 2014 (del proyecto vial autopista Ruta del Sol) y el 3758 de 2013 (Plan para establecer la navegabilidad del río Magdalena), pese a haberse declarado impedida para actuar en temas relacionados con la Sociedad Portuaria de Cartagena y Buenaventura.
Contraloría
Cerca está la Contraloría General de la República de entregar resultados de la auditoría que viene adelantando en varios frentes por el escándalo de Odebrecht, como el préstamo del Banco Agrario al consorcio Navelena, y dependiendo de los resultados se harán las imputaciones a las personas responsables.
De igual forma en enero pasado, la Contraloría de Bogotá abrió dos procesos de responsabilidad fiscal y medidas cautelares de embargo de bienes contra nueve funcionarios del Acueducto por el contrato del túnel Tunjuelo-Canoas, adjudicado a Odebrecht.
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