Gabriel Sonny Cubillos
Periodista de EL NUEVO SIGLO
Investigaciones preliminares por presunta violación de los topes establecidos para la financiación de campañas para los comicios territoriales de octubre pasado, abrió el Consejo Nacional Electoral (CNE) en 24 departamentos del país.
Así lo indicó en diálogo con EL NUEVO SIGLO el presidente del CNE, magistrado José Joaquín Plata. “Efectivamente en los departamentos en donde hubo tribunales de garantías se abrieron investigaciones. De los 32 departamentos en 24 hay apertura de investigaciones, están en indagaciones preliminares y se está cotejando la información que presentaron los candidatos con la que tiene el Consejo Nacional Electoral, suministrada por los tribunales seccionales de garantías”, dijo.
Teniendo en cuenta que por el momento se trata de investigaciones preliminares y que están sujetas a que se haga este cruce de información, las mismas se mantienen en reserva. Es por ello que el CNE no suministró el número de candidatos sobre los cuales ha puesto la lupa para establecer si sus campañas sobrepasaron los límites establecidos para financiación.
Lo que sí se conoció es que las investigaciones preliminares corresponden a 14 campañas a gobernación, y en 37 municipios en cuanto a alcaldías, concejos, asambleas y juntas administradoras locales.
Los candidatos tenían hasta un mes luego de las elecciones territoriales, es decir hasta el final de noviembre de 2011, para entregar a sus respectivos partidos y movimientos políticos las cuentas de los dineros que entraron y salieron de sus campañas. En tanto que el 31 de diciembre pasado venció el plazo para que las colectividades entregaran esas cuentas al CNE.
“Entonces lo que se está haciendo en este momento es cruzar la información que presentaron los candidatos con la información previa recolectada (por los tribunales seccionales de garantías), y estamos determinando con mucha exactitud si hubo violación de topes, si hubo inconsistencias porque, en algunos casos, cuando el Fondo de Campañas revisa las cuentas hace requerimientos a los candidatos para efectos de aclaraciones. Y una vez queda consolidada la información, entonces ya la tenemos nosotros, y lo que estamos haciendo es cruzar la información una con otra para determinar quiénes pudieron haber incurrido en esta actividad de violación de topes”, explicó el magistrado Plata Albarracín.
En consecuencia, el CNE abrió investigaciones preliminares para comprobar violaciones a los topes electorales en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Chocó, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre y Valle
del Cauca.
Para los comicios regionales de octubre de 2011 el CNE no logró establecer por falta de suficientes recursos tribunales seccionales de garantías y vigilancia en los 32 departamentos del país. Sin embargo para los que implementó tuvo en cuenta los mapas de riesgo electoral que se han venido confeccionando de acuerdo a los delitos más recurrentes contra el voto y en las regiones del país en donde se presentan de mayor forma.
Estos organismos fueron facultados, entre otras, para monitorear y verificar el origen, monto y destino de los ingresos y egresos de las campañas. Igualmente para exigir a los candidatos informes y reportes periódicos sobre el origen, volumen y destinos de los recursos, en dinero o en especie, con que se financió su campaña.
Consecuencias
Con la Reforma Política de 2009, las violaciones a los topes de gastos de campaña dejaron de ser un saludo a la bandera, que se castigaba con multas.
Por contravenir esta norma el Consejo Nacional Electoral multó a cinco candidatos que participaron en las elecciones regionales de 2007.
Sin embargo a partir de los comicios regionales de octubre pasado, en los cuales participaron más de 100.000 candidatos, la violación a los gastos de campaña tiene severas sanciones, que en el caso de los candidatos elegidos les hace perder de forma automática la investidura.
En tanto que los partidos y movimientos políticos que violen o toleren la violación de los ingresos o gastos de campaña pueden ver suspendida o privada la financiación anual que entrega el Estado para su funcionamiento; la suspensión o cancelación de la personería jurídica; la suspensión del derecho a inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se cometió la falta.