“Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra “crisis”. Una pincelada significa “peligro”, la otra “oportunidad”. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad”. Esa era una de las premisas favoritas del asesinado presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

 

Una premisa cuyo campanazo de alerta bien vale traer a cuento en momentos en que el clima social, político, económico y hasta institucional de Colombia ha empezado a hundirse lentamente en un remolino de crisis de vieja y nueva data, en el que la percepción nacional pareciera dirigirse cada día más a que el país se está descuadernando en muchos aspectos y la postura crítica de la ciudadanía al respecto gana visibilidad.

 

Una percepción que, además, es la causa y la consecuencia de un “clima nacional” en el que buena parte de los colombianos considera que las cosas no marchan por buen camino o que, por lo menos, la situación en muchos aspectos de la cotidianidad se está complicado progresivamente y no ven en las instancias de poder y decisión una dinámica acertada para hacerle frente.

 

No se trata de un fenómeno subjetivo ni de la visión, igualmente subjetiva, de algunos sectores de oposición a la Casa de Nariño. Las propias encuestas evidencian que el pesimismo empieza a crecer a nivel nacional y, como es apenas natural, las miradas acusadoras se dirigen al gobierno de turno, al que se suele culpar ya sea por acción u omisión.

 

Por ejemplo, a finales de enero la encuesta Yanhaasindicó que el 68% de los consultados consideraba que el país va por mal camino en aspectos políticos, económicos y sociales. No menos sintomático de esa “clima nacional” pesimista y, sobre todo, crítico es que el 62% desaprobó la gestión del presidente Santos contra solo un 21% que la consideró positiva. El castigo al Gobierno es aún mayor cuando se pidió calificar al gabinete ministerial, porque el 56% desaprobó su gestión y solo un 22% la ponderó.

 

En contravía, muchos de los nuevos alcaldes y gobernadores, en cuyas jurisdicciones se siente y vive a diario ese clima de inestabilidad e inconformismo, no en pocas ocasiones generado por asuntos locales que son de su directa competencia más que del Gobierno nacional, han tenido un arranque de año más bien favorable.

 

Crisis vs. Crítica

 

¿A qué se debe ese “clima nacional”? Lo primero que hay que precisar para responder ese interrogante es que la coyuntura colombiana no corresponde a lo que comúnmente se conoce como una “crisis”, es decir una problemática puntual o general cuyas causa e impacto son tan graves que afectan de forma sustancial a la población y desborda la capacidad de acción y reacción de las entidades que deben hacerle frente.

 

Así las cosas es más acertado referirse a un “clima nacional crítico”, entendido este último concepto no por la vía de una crisis o problemática insalvable, sino en cuanto a que existe una creciente percepción de cuestionamiento e inconformismo de una parte de la opinión pública frente a lo que está pasando en el país en múltiples aspectos. En otras palabras, la gente es cada día más inconforme y crítica con la situación que la rodea, cuestiona la incapacidad para solucionar los problemas y exige de los encargados mayor compromiso y celeridad en la gestión.

 

Como las personas no parecen ver que hay solución pronta o al menos percibe que se actúa en esa dirección, entonces el inconformismo empieza a desembocar en la necesidad exteriorizar su estado más allá de su inmediato entorno, ya sea acudiendo a las redes sociales, apoyando actos de protestas que surgen de manera espontánea (como un bloqueo a Transmilenio porque se demoró un bus o hay sobrecupo en los articulados) o impulsando y respaldando manifestaciones más tangibles de esa insatisfacción, es decir participando en paros, marchas y otras movilizaciones masivas que impactan el diario vivir del resto de los colombianos.

 

En otras palabras, lo que se está evidenciando es que en las últimas semanas las manifestaciones de inconformismo se han vuelto más visibles, masivas y, por lo mismo, con consecuencias de mayor calado. Y ello solo se logra cuando de las protestas individuales y las críticas de bajo alcance, se pasa a la “calle”, es decir a los paros, bloqueos, marchas, plantones, movilizaciones, boicots y otra clase de actividades que tienen como principal objetivo visibilizar el inconformismo y presionar, por esa vía, las soluciones que se consideren pertinentes.

 

Los tratadistas en sociología y aquellos que se promocionan como expertos en lo que ahora llaman “clima de la opinión pública” suelen coincidir en que todas las personas tienen un mayor o menor grado de inconformidad por alguna situación en particular, y así lo expresan en su entorno cercano sin mayor alcance. Pero que esa protesta se vuelve colectiva cuando los móviles del inconformismo particular se empiezan a generalizar entre los colectivos sociales, es decir que más y más personas sufren determinada problemática o consideran que debe tomarse tal o cual decisión.

 

Así las cosas, la pregunta más pertinente en este escenario es identificar cuáles son esas problemáticas cuyo nivel de afectación se ha ido generalizando entre mayores sectores de la población colombiana y forzándolos poco a poco a exteriorizar con mayor énfasis su inconformismo. Es evidente que este pico de marchas y actos de protesta que se han multiplicado en las últimas semanas y tienen ya programados sendos paros y movilizaciones para marzo y abril, no se veía desde la larga protesta estudiantil de 2011 (que forzó el retiro del proyecto de reforma a la educación superior) o del paro agrario en el tercer trimestre de 2013, que bloqueó a gran parte del país, vio nacer a las llamadas “dignidades campesinas” como eje de presión al Gobierno y generó problemas de orden público en varios departamentos. En ambas ocasiones la imagen y popularidad del Ejecutivo y el Presidente se vieron muy afectadas, e incluso en la segunda de estas protestas los niveles de aprobación del Jefe de Estado se pusieron por debajo del 20 por ciento, algo inédito hasta ese momento y que llegó a poner en duda hasta la posibilidad de que Santos se lanzara a buscar la reelección.  

 

Inseguridad

 

Al hacer un análisis sobre cuáles son esas problemáticas cuyo alcance se ha empezado a generalizar o cuyo nivel de afectación es cada día más alto y amplio, en primer lugar debe señalarse a la inseguridad ciudadana como uno de esos factores.

 

Hay un claro pico de delitos de alto impacto a nivel nacional, sobre todo en temas como robos de celulares, fleteos, hurtos a viviendas, extorsión, micrográfico y otras conductas como las riñas callejeras, violencia intrafamiliar y actos típicos de intolerancia.

 

Mientras ello ocurre para el Gobierno parecen más importantes otros temas relacionados con la seguridad. Por ejemplo, se le pone especial énfasis a la reducción de homicidios.

 

El propio presidente Santos dijo el fin de semana pasado que en lo corrido del año hay una disminución del 11 por ciento en homicidios, marcando la más baja tasa en los últimos 40 años, mientras que el hurto ha caído en un 25 por ciento y el secuestro extorsivo en casi 60 por ciento.

 

“Hay municipios del país que no han tenido un solo homicidio en lo que va del año. 809 municipios donde no se ha presentado un solo homicidio, eso es el 73 por ciento del total de municipios del país”, expresó el Jefe de Estado. En la lucha contra el narcotráfico, el año pasado se incautaron más de 252 toneladas, un récord histórico en la lucha contra ese flagelo, pero también la evidencia de que este ilícito sigue muy fuerte. Este año, por ejemplo, se han decomisado 24 toneladas de alcaloides.

 

Sin embargo, frente a esas cifras las encuestas sobre percepción de seguridad e índices de victimización evidencian que las personas se sienten cada día más expósitas a la delincuencia común, en tanto que otros fenómenos más complejos, como el de las Bacrim, se han tornado en un problema de marca mayor, pese a los continuos golpes de las autoridades contra sus cabecillas e integrantes.

 

Las flexibilidades penales y penitenciarias que han reducido el índice de sindicados que va tras las rejas o condenados que permanece largo tiempo en prisión, también ha generado un clima adverso en la opinión pública, pues ve como hay delincuentes reincidentes que más tardan en ser capturados y procesados, que en volver a las calles a seguir con su actividad criminal.

 

Familias con apretón económico

 

Otra de esas problemáticas que han elevado su nivel de afectación en los últimos meses es la relativa a la disminución de poder adquisitivo de las familias, sobre todo de las de los estratos medios y bajos.

 

“La plata alcanza cada vez menos”. Esta frase se ha generalizado en casi todo el país y responde a fenómenos objetivos como la disparada inflacionaria, que cerró el 2015 con un 6,77% en general pero que para los estratos bajos fue más alta, superando el reajuste al salario mínimo mensual decretado a finales de diciembre, que fue de un 7%.

 

Esa carestía tiene como causas desde el impacto en las cosechas por el fenómeno climático de El Niño hasta el mayor valor de los alimentos, víveres y demás productos importados, debido a la tasa de devaluación del peso frente al dólar, que alcanzó el año pasado un 25%.

 

A ello debe sumarse que desde finales del año pasado los hogares han visto que las tarifas de los servicios públicos aumentaron progresivamente, por temas como el rubro para lanzar un salvavidas financiero a las termoeléctricas y los castigos monetarios por superar los disminuidos topes de consumo de agua y luz.

 

Las estadísticas públicas y privadas evidencian que los hogares han tenido que apretarse el cinturón, descartando gastos que antes hacían parte de su diario vivir. Las tasas de consumo de las familias han disminuido como lo prueban los mediocres comportamientos del comercio y la industria en los meses recientes.

 

El golpe a los ingresos de los hogares ha sido muy fuerte y creado un clima social bastante caldeado, a tal punto que ya las centrales obreras anunciaron un “paro cívico nacional” para el 17 de marzo próximo, que ya tiene el respaldo de distintas organizaciones sociales y gremiales, incluyendo hasta a los camioneros.

 

Estrechez fiscal

 

En el flanco fiscal y presupuestal la situación también está complicada y ello es causa y consecuencia de una economía que se ha venido desacelerando poco a poco, a tal punto que la apuesta más optimista para el crecimiento del PIB al cierre de 2015 (dato que no ha sido revelado por el DANE) a duras penas supera el 3% y para diciembre de este 2016 los pronósticos se sitúan alrededor del mismo porcentaje.

 

En ese enfriamiento económico el principal responsable es el petróleo, que a mediados de 2014 bordeaba los 100 dólares el barril pero que desde entonces ha venido en caída libre, a tal punto que en enero y febrero de este 2016 marcó récords en materia de bajos precios, llegando a rozar los 25 dólares.

 

Todo ello ha tenido un doble efecto. De un lado, los ingresos a la Nación por divisas, impuestos y trasferencias de Ecopetrol han caído en más de 25 billones de pesos, forzando a ajustar el presupuesto en más de 16 billones de pesos en las tres últimas vigencias presupuestales. Aunque el Gobierno insiste en que los rubros de inversión social, educación e infraestructura no se han tocado, lo cierto es que hay una disminución en otros y el recorte a varias entidades golpean al llamado sector real de la economía, presionando el desempleo, la congelación de nóminas, bajos o nulos reajustes salariales, aumentos de inventarios empresariales…

 

Como si ello fuera poco, la descolgada petrolera ha tenido un fuerte impacto en un sector que años atrás era considerado la “locomotora” más rentable, el de hidrocarburos y la industria extractiva. Miles de empleos se han perdido y es billonario el monto de recursos que dejó de fluir por la cadena de la industria del crudo y sus derivados.

 

El hueco fiscal, que el propio Gobierno tasa ya en 30 billones de pesos, ha forzado a que se anuncie una reforma tributaria estructural que sería muy agresiva, no sólo porque el borrador de la misma, proyectado por un grupo de expertos, plantea subir el IVA en dos o tres puntos, sino porque hay otra cascada de impuestos paralelos, entre nuevos o ya existentes pero con una base de pagadores más alta.

 

Es apenas lógico que anunciar una reforma tributaria cuando la última apenas si lleva un año y medio de aplicación, y en momentos en que los hogares se han apretado el cinturón y no dan más, no ha tenido ningún buen recibo por más que el Gobierno insista en que el reajuste impositivo tendrá un enfoque progresivo y no afectará a los estratos de menores ingresos.

 

Sin embargo, es claro que el Ejecutivo no tiene muchas opciones para maniobrar en este difícil escenario fiscal. Ya varios indicadores micro y macro empezaron a dar señales de alerta y la propia calificadora de riesgo Standard & Poros rebajó la nota crediticia de Colombia, advirtiendo sobre las presiones fiscales, los déficit de cuenta corriente y otros rubros en donde es necesario apretar más el gasto o proveer nuevas fuentes de recursos, haciendo incluso alusión a la propuesta de reforma tributaria.

 

Coctel explosivo

 

La mezcla de estas problemáticas que afectan de manera directa o indirecta el entorno cercano de muchos colombianos es, precisamente, el motor del actual pico crítico de amplios sectores nacionales. La génesis de ese “clima crítico nacional”.

 

Un cuestionamiento que se dirige principalmente contra un Gobierno al que perciben como desconectado de la realidad nacional, de lo que le está pasando a las comunidades y las familias. Un Gobierno al que ven imbuido en el accidentado proceso de paz y que pareciera que no tiene tarea distinta a sacarlo adelante contra viento y marea, sin que paralelo a ello parezca entender que las preocupaciones ciudadanas van dirigidas a otros temas más urgentes, como la inseguridad urbana y el apretón económico.

 

No son pocos los analistas que han advertido que la Casa de Nariño no está leyendo bien el “clima nacional”, que, como se dijo, tiene urgencias y prioridades más allá del proceso de paz. También se ha señalado que se equivoca el Ejecutivo al tratar de encuadrar casi toda crítica en el clima de polarización política derivado de si se es partidario o no de lo acordado con las Farc en La Habana. Una polarización que lejos de tratar de disminuir, el presidente Santos y su coalición aumenta día tras día, como si estuviera planteándole una especie de pulso a medio país que tiene alguna prevención o reparo frente a las negociaciones, sobre todo en temas como de la no cárcel para los guerrilleros.

 

En medio de esa polarización es que, precisamente, se han dado una racha de escándalos que, o el Gobierno ha querido subdimensionar o a los que, simple y llanamente, no les ha dado la atención y prioridades requeridas pese a su gravedad. El listado es largo y a cual más complicado: un paro en los juzgados de familia y circuito que lleva más de dos meses; las renuncias del director de la Policía y el viceministro del Interior en medio de una confusa racha de acusaciones y desmentidos sobre una red de prostitución homosexual; la renuncia del Defensor del Pueblo en medio de acusaciones por presunto acoso sexual; los sobrecostos en Reficar por más de 4.000 millones de dólares; la traumática transición de varios millones de usuarios de las dos EPS liquidadas a nuevas entidades prestadoras de salud; el rifirrafe por la venta de Isagen en una subasta con un único oferente, que ahora está bajo la lupa de las autoridades; un lío sin fin a raíz de una nueva tabla de avalúos vehiculares que luego se quedó sin piso; las muertes de menores por desnutrición en La Guajira; el ‘paro armado’ del Eln; las denuncias sobre despilfarros de dineros y gastos innecesarios en el alto gobierno; el riesgo de apagón por el Niño y ahora por un daño en la central de Guatapé; el largo cierre de la frontera con Venezuela y la epidemia del Zika…

 

Y quedan muchas más episodios críticos en el tintero, algunos de ellos en los que ni siquiera el Gobierno nacional tiene decisión, responsabilidad o injerencia directa, pero en los que la ciudadanía sí considera que el presidente Santos y sus ministros deberían actuar con decisión para poner fin a las anomalías y problemáticas.

 

Todo ello es lo que ha llevado a que aumente la percepción en torno a que el país se está descuadernando y el principal timonel, que no es otro que el presidente Santos, pareciera no darse cuenta o, peor aún, la gestión de su gobierno para hacerle frente a ese “clima nacional” exasperado no es la más adecuada y eficiente.

 

Y todo ello es lo que ha venido a crear una sensación entre muchos sectores sobre un desgobierno y falta de riendas en el día a día estatal. O de un Gobierno que, imbuido en el discurso de la paz, ignora muchas crisis puntuales y opta, por el contrario, por enviar partes de tranquilidad, sin generar mayor credibilidad.  

 

Y todo ello es lo que genera esa necesidad de muchas personas de exteriorizar un sentimiento crítico, en señal de desespero ante la gravedad de las problemáticas o de exigencia para que se actúe frente a las mismas. Una exteriorización que tiene en la “calle”, es decir en los paros, las marchas y los bloqueos su principal carta de presentación.

 

Y todo ello, finalmente, es lo que genera ese “clima crítico nacional” que hoy toma fuerza en Colombia y al que el Gobierno, pareciera, no le presta la atención debida.