El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Diego Molano, confirmó que la firma Claro no será excluida de la subasta de 4G que definirá el nuevo escenario de las comunicaciones en el país.

Así, el Gobierno le salió al paso a los requerimientos del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien solicitó el retiro de la licitación. La única razón para retirar a un operador (de la competencia por la licitación) es que no le cumpla al Ministerio. Lo que nos pide el alcalde Petro legalmente no lo podemos hacer porque no tenemos facultades para ello”, sostuvo Molano.

El comentario de Petro  hace referencia a una demanda interpuesta por la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) y que fue fallada a su favor en un litigio contencioso por la Sección Tercera del Consejo de Estado. En ella se le obliga a Claro a devolver 134 mil millones de pesos a la ETB.

Sin viabilidad

En esta discusión, Molano adujo que la inviabilidad de la petición se debe a que el Ministerio “no tiene funciones respecto de los pagos o deudas de unos operadores con otros” ya que “eso depende de la justicia ordinaria y es esa la justicia que determina y opera esos pagos y la forma en cómo deben hacerse”.

Por ello, exhortó al mandatario a que utilice otros mecanismos, pues legalmente la cartera no lo puede hacer ya que lo ideal es que este tipo de cosas no pasen en el sector y que las cuentas entre los operadores estén saldadas. “Es el fallo del Consejo de Estado el que ordena el pago”, añadió.

El Alcalde Mayor había insistido en que “la ley establece que una empresa no puede participar en licitaciones si tiene deudas con el Estado”, por ello, “haremos valer esa ley ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

La controversia surgió en diciembre pasado cuando le había solicitado, nuevamente, a la compañía de telefonía que le devolviera los dineros del litigio por cargos de interconexión y que luego el Consejo de Estado ordenó que se ejecutara.

En su momento, la ETB enfatizó en que Claro (Comcel) había iniciado “acciones dilatorias”.

A través de un documento reiteró que “Claro demuestra y ratifica el abuso de su posición dominante frente a los demás competidores del mercado y su clara desobediencia a la justicia”.

En otro aparte se lee que un ejemplo concreto de su apreciación “son las acciones que Claro ha emprendido frente al regulador para mantener la dominancia del mercado de voz móvil y el riesgo que se tiene actualmente de trasladar esta dominancia al mercado de datos con la próxima subasta de 4G”.

En ese momento se dijo que el Gobierno Nacional no cumplió con sus obligaciones de regulación y protección a la libre competencia, por lo que una de las partes radicó la queja formal ante el Consejo de Estado.

Simultáneamente, a finales del año pasado se dio un encuentro entre la ETB y varios operadores de telefonía como DirecTV, UNE, Avantel y Colombia Móvil (Tigo) en el que concluyeron que se presentaba una evidente “falta de regulación y control”, por lo que adujeron “conductas anticompetitivas de Claro”.