Un juez federal ordenó  la intervención de la sede de la operadora de TV por cable Cablevisión, del grupo Clarín, el mayor multimedio argentino, que denunció el hecho como parte de un "hostigamiento" del gobierno de Cristina Kirchner.

Unos 50 gendarmes (policía militarizada) allanaron la sede de Cablevisión en Buenos Aires por orden de un juez de la provincia de Mendoza  por presunto "ejercicio de competencia desleal" y "posición dominante" y designó a un "interventor coadministrador" tras una denuncia presentada por una firma competidora, informó Ricardo Mastronardi, abogado del funcionario designado por la justicia.
El operativo es "un hecho sin precedentes que se inscribe dentro de la sistemática campaña de hostigamiento que el gobierno nacional realiza a las empresas del Grupo Clarín", afirmó Cablevisión en un comunicado.
"No podemos despegar este hecho dentro de la escalada del gobierno nacional contra el grupo Clarín", dijo a su vez su gerente de Comunicaciones, Martín Echevers.
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, dijo que "es un disparate" considerar que el allanamiento se llevó a cabo por orden del gobierno de Cristina Kirchner y sostuvo que la Gendarmería "actúa como auxiliar de la justicia".
El gobierno de la presidenta Kirchner y el grupo empresarial que publica el diario Clarín, el de mayor difusión en Argentina, mantienen un fuerte enfrentamiento que ha escalado en los últimos días.
El allanamiento se produjo cuando el Senado se apresta a votar una polémica ley que declara de interés público el papel de diario, cuyo único fabricante es la empresa Papel Prensa, controlada por los diarios Clarín (49% de las acciones) y La Nación (22,49%), los dos mayores de Argentina, mientras el Estado tiene una participación del 28,08%.
Según imágenes de los canales de noticias, Anzoise, quien no reemplazará al directorio de la empresa, fue agredido por empleados cuando salió del edificio de Cablevisión en un barrio del sur de la capital argentina, incidente que fue controlado por la Gendarmería.
Mastronardi señaló que el coadministrador "tiene un plazo de 60 días para analizar toda la documentación" y elaborar un informe que debe entregar al juez Walter Bento en Mendoza, tras la denuncia formulada por el grupo de multimedios Vila-Manzano, titulares de Supercanal, también de televisión de paga.
De su lado, Sandra González, de la entidad de defensa del consumidor Adecua, apoyó la decisión judicial al señalar que "cuando hay abuso de posición dominante tenemos competencia desleal y lamentablemente uno no tiene la posibilidad de elegir lo que quiere"./AFP