Fue cancelada una visita informal para el día de hoy a la Corte Constitucional, que había solicitado el ministro del Interior, Fernando Carrillo, con el objeto de abordar el tema de la consulta previa, asunto por el cual en este momento están frenados por lo menos tres proyectos ‘gordos’ del Gobierno. Sin embargo, la cita fue pospuesta por motivos de agenda del alto Tribunal.

EL NUEVO SIGLOconoció que además del titular del Interior, dos ministros más tenían planeado asistir a esta cita con el objeto de tener plenas claridades sobre el mecanismo de consulta previa, específicamente tras una sentencia de este alto Tribunal en diciembre pasado, en que ordena al Ministerio del Interior que le dé participación a todas las comunidades afrocolombianas en la Comisión de Alto Nivel Nacional.

Esta Comisión de Alto Nivel es un organismo de representación del orden nacional de las comunidades afrocolombianas, clave en la consulta previa que debe hacer el Gobierno en el caso de proyectos de ley o proyectos de desarrollo que puedan impactar a esta etnia.

En agosto de 2010, el Consejo de Estado produjo una sentencia en la que ordenó que en la Comisión de Alto Nivel no debían estar representantes de las organizaciones de base, como venía sucediendo, sino los consejos comunitarios, es decir los que tienen títulos colectivos sobre los territorios.

En diciembre pasado, la Corte Constitucional produjo una sentencia producto de una tutela, en que le ordena al Ministerio del Interior dar participación en la Comisión de Alto Nivel a todas las comunidades afrocolombianas, pues el alto Tribunal encontró que la Resolución 0121 de enero de 2012 del Ministerio del Interior permitía la participación de consejos comunitarios de solo ocho departamentos y los raizales de San Andrés.

En un debate de control político que fue adelantado en octubre de 2012, el senador Carlos Baena alertó sobre la ilegalidad de la Resolución 0121 y le solicitó al ministro Fernando Carrillo corregir esta situación. “El Ministro

hizo todo lo contrario y expidió el Decreto 2163, lo que nos llevó a demandar ante el Consejo de Estado  la reglamentación de las Consultas Previas”, señaló Baena en su momento.

A pesar del empeño que ha puesto el Gobierno nacional en sacar adelante el proceso de la consulta previa a las comunidades indígenas y minorías étnicas sobre varios de sus proyectos clave, la realidad  es que hay pocos avances, con la excepción de la iniciativa de ley de desarrollo rural.

Mientras tanto siguen sin arrancar iniciativas como la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Código Minero y la reglamentación del mecanismo de la consulta previa, por lo que se dificultaría su radicación este año en el Congreso, como es la prioridad de la administración de Juan Manuel Santos.