En los últimos días se ha ventilado la posibilidad de que civiles que no participaron directamente en el conflicto armado, se presenten ante la jurisdicción especial de paz de La Habana para que sus casos sean revisados.

Una situación particular es la del exministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien fue condenado junto con el también exministro del Interior, Sabas Pretelt, a seis años de prisión por el delito de cohecho.

A juicio de la Corte Suprema de Justicia, los dos funcionarios en 2004 ofrecieron prebendas a algunos congresistas de la Comisión Primera de la Cámara para que aprobaran la reforma constitucional que introdujo la reelección presidencial inmediata, la cual dos años después terminó beneficiando al presidente de turno, Álvaro Uribe.

El acuerdo sobre justicia transicional que firmaron el Gobierno y las Farc en septiembre pasado en el marco de la negociación de paz, indica que el Tribunal de Paz juzgará a los desmovilizados de esta guerrilla que incurrieron en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Los desmovilizados que confiesen sus crímenes y aporten a la verdad recibirán penas de entre cinco y ocho años de restricción de libertad, no necesariamente en la cárcel.

Civiles que participaron de alguna forma en el conflicto también podrían acogerse a esta jurisdicción especial.

EL NUEVO SIGLO consultó sobre el particular al general (r), Jaime Ruiz, dijo que lo que conocen según les han explicado funcionarios del Gobierno es que “es aplicable a agentes del Estado y a miembros de la Fuerza Pública, independientemente de la aplicación que se le diera a quienes están al margen de la ley a causa de este conflicto. La figura que se nos dice es que aquellas conductas que directa o indirectamente tengan relación con el conflicto armado puede ser objeto de procesamiento por parte de este tribunal especial de paz”.

Añadió que “entiendo que el doctor Diego Palacio ha venido haciendo una serie de consultas con sus abogados y él cree que por lo que se le está juzgando, donde no encuentra muchas garantías en el proceso que se adelanta, podría utilizar estos dos mecanismos. No conozco el proceso del doctor Diego Palacio, pero sí he oído del sector uribista, que quieren también acogerse porque los están procesando de manera irregular con falsas pruebas, falsos testimonios. Es decir, encuentran que ante esa inseguridad jurídica el único recurso válido son los mecanismos de justicia transicional”.

Por su parte la representante a la Cámara Ángela Robledo, dijo que “creo que los 75 puntos de la justicia especial para la paz abren esa posibilidad siempre y cuando las situaciones del funcionario público, exministros, integrantes de las Fuerzas Militares e incluso actores económicos en el conflicto, siempre y cuando la condición que se llevaría a ese tribunal especial se puede demostrar que había una relación con el conflicto armado. No creo, al menos en lo que he leído y estudiado de los 75 puntos, que situaciones que son mucho más amplias por lo que pudo haber pasado, por ejemplo, con el exministro Palacio, que está siendo tramitado por la justicia ordinaria, pudiese ir a ese tribunal”.