PROYECTO SIGUE EMPANTANADO EN CONSULTAS PREVIAS A NEGRITUDES E INDÍGENAS

Cirugía a CAR: un año y nada de nada…

Hace doce meses la Corte tumbó decreto que intervenía a estas 33 entidades y nada que llega al Congreso la iniciativa para reformarlas

En un hueso duro de roer… En eso se han convertido las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Tan cierto es ello, que un año después de que se frustrara el último gran intento por reformar a estas entidades, la posibilidad de aplicarles una ‘cirugía’ de amplio espectro sigue en veremos.

Como se recuerda, la crisis en gran parte de las 33 CAR, que manejan más de 1,3 billones de pesos anuales, quedó en evidencia en la tragedia invernal que se registró a finales de 2010 y en el primer semestre de 2011, cuando la combinación del Fenómeno de La Niña y la temporada normal de lluvias dejó más de 400 víctimas fatales, centenares de heridos, casi tres millones de afectados y pérdidas millonarias.

Para hacerle frente a la emergencia, el gobierno Santos decidió acudir a un Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica. La primera declaratoria del estado de excepción fue prorrogada mediante un segundo decreto y al amparo de este último, en enero del año pasado, el Ejecutivo decidió la intervención de las CAR.

“Hoy la población de Colombia siente que las Corporaciones Regionales no están cumpliendo ese papel por múltiples razones, incluyendo la información que hoy ha salido de Transparencia por Colombia, donde las cuatro Corporaciones Regionales presentan unos indicadores muy negativos en materia de transparencia”, advertía en enero del año pasado el vicepresidente Angelino Garzón al justificar la necesidad de la intervención.

Mediante el decreto en cuestión se modificaba la composición de las juntas directivas de las corporaciones, al tiempo que se determinaba que el Presidente de la República postularía en cada una de las CAR al director o directora, siendo el Consejo Directivo el responsable de escoger al director regional.

Es más, para evitar que gobernadores y alcaldes se ‘atravesarán’ a la intervención, el decreto dictado al amparo del estado de excepción indicaba que si por una u otra razón el consejo directivo no nombraba al director regional, el Presidente encargaría a un funcionario temporalmente.

También se establecía una inversión mínima de las Corporaciones Regionales, de su presupuesto o de sus ingresos corrientes, tanto para reforestación como para acciones de mitigación del riesgo, incluyendo también los temas de atención a cuencas hidrográficas.

Y, por último, el decreto ordenaba dos fusiones: de la Corporación Regional del Atlántico y la Corporación Regional del Canal del Dique; y la de Corpomojana, Corporación del Sur de Bolívar y Corporación del Sucre (Carsucre).

Cuando todo el país creía que por fin había llegado el momento del ‘apretón’ a las CAR, todo se vino al piso por cuenta de un fallo (en la segunda quincena de marzo de 2011) de la Corte Constitucional que declaró inexequible el decreto número 020 de 2011, mediante el cual se decretó, por segunda vez, el estado de Emergencia.

Obviamente el Gobierno reaccionó acatando la decisión de la Corte y advirtiendo, en el caso específico de las CAR, insistiría a través del Congreso en la reestructuración de las corporaciones.

Vuelve y juega

El problema radica en que un año después de la caída del decreto que permitía la intervención de las CAR la anunciada ‘cirugía’ de fondo a estas entidades sigue en veremos, en tanto que aumenta el debate sobre la ineficiencia de muchas de las corporaciones, la rapiña burocrática y politiquera de la que son objeto en las gobernaciones y alcaldías, y el riesgo que todo ello implica ahora que arranca una nueva ola invernal.

Desde un comienzo era claro que reformar las CAR no era nada fácil, no sólo porque la clase política regional y sus respectivas ramificaciones en el Congreso siempre le han puesto talanqueras a este propósito, sino porque la agenda del Parlamento en el segundo trimestre de 2011 estaba muy cargada de otros proyectos clave.

Se pensó, entonces, en que la iniciativa llegaría al Congreso en el segundo semestre pero, una vez más, se atravesaron dos hechos. De un lado, que las funciones de las CAR tienen rango constitucional. Y, de otro, y quizá el elemento más importante, que cualquier reforma de fondo a estas entidades regionales tiene que ser objeto de consultas previas a comunidades indígenas y afrodescendientes.

En vista de ello, el proyecto tampoco se presentó en el segundo semestre del año pasado.

Empantanado

Es más, se puede decir la cirugía a las CAR empezó a tomar algo de cuerpo real en octubre pasado, una vez entró en funcionamiento el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con Frank Pearl a la cabeza, quien de inmediato se puso en la tarea de la compleja redacción del proyecto y luego de sentar las bases para el proceso de consulta previa, que arrancó varias semanas después.

Sin embargo, la interacción con las minorías étnicas no ha sido fácil pese a la urgencia de la reforma. No sólo por la dificultad que siempre encierran estos procesos sino, como lo ha explicado reiteradamente el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, por el impacto de decisiones como la de noviembre pasado del Consejo de Estado que ordenó la recomposición de la principal instancia consultiva de los afrodescendientes.

El Gobierno, pese a todo, no renuncia. "Hemos emprendido una reforma de las CAR. No podemos dejar la administración de los recursos naturales de nuestros hijos en manos de intereses privados o políticos, así que las nuevas CAR serán más técnicas, transparentes y eficaces", precisaba Pearl en febrero pasado.

Lo cierto es que el segundo tramo de la legislatura ya arrancó y la reforma a las CAR nada que llega al Congreso, puesto que sigue empantanada en la etapa de consultas previas.

Pero aún sin haber sido radicado, el proyecto ya tiene peros de gobernadores y alcaldes, que alegan una disminución de recursos (incluso por efectos del revolcón en regalías) así como de su capacidad de injerencia en estas entidades de orden regional y local. Voces de las mismas CAR se oponen a los cambios en consejos directivos, las fusiones y el recorte presupuestal y de autonomía. A su turno, grupos ciudadanos no quieren aumentos en el predial y la sobretasa a los avalúos catastrales; e incluso las electrificadoras no están muy contentas porque deben aumentar la transferencia de recursos a las corporaciones…

En síntesis, el Gobierno había prometido radicar la iniciativa esta semana pero no pudo y, tal como avanzan las cosas, ya hay quienes consideran que será difícil que lo haga antes de junio y mejor prefiera esperar al segundo semestre.