El representante Santiago Valencia reiteró el desacuerdo del Centro Democrático frente a circunscripciones de paz.

Así lo expresó durante la discusión del proyecto de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, en las Comisiones Primeras conjuntas. Al tener en cuenta que el aumento de cultivos ilícitos en el país pasó de 96 mil hectáreas cultivadas de coca en el 2015 a 188 mil, el Representante aseguró que “es inaceptable que en la JEP el narcotráfico se trate como un delito conexo simplemente para garantizar a las Farc el negocio”, afirmó.

Además cuestionó que el principio de oportunidad, el cual le brindaría beneficios a quienes se sometan a la JEP, esté bajo el criterio de los magistrados electos, pues la falta de parcialidad de ellos y de quienes los eligieron es notable.  “Hemos visto la intromisión de las Farc en mayo con quienes estaban encargados de elegirlos”.

Por otra parte, el representante Valencia expresó su preocupación por los bienes de las Farc y la relación que podrían tener estos con la JEP, “están lavando el dinero comprando Surtifruver, están lavando dinero comprando tierras en Ituango, de todas las formas, y lo que vamos a hacer es un nuevo partido político de las Farc, no solamente con el dinero del narcotráfico sino con una cantidad de activos lavados por la justicia especial para la paz porque no existen reglas claras para la persecución”. 

Ante estas declaraciones, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, se mostró satisfecho de que la coalición del Gobierno haya logrado el propósito e invitó a "culminar con éxito la implementación normativa de la paz de Colombia”.

Ante los reclamos de diversos partidos de blindar estas nuevas curules para que no queden en 'malas manos', quedó estipulado que el Presidente de la República puede suspender las elecciones en caso de interferencia de actores ilegales.

“Una modificación importante es que aunque se conserva la esencia de la iniciativa se establece que los cascos urbanos no podrán hacer parte de la jurisdicción especial, por lo que la ley se circunscribe a las zonas rurales y además ninguna persona que haya hecho parte de un grupo al margen de la ley podrá ser elegido para estas curules”, aseguró el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

Estas curules adicionales en la Cámara serán otorgadas a los grupos de víctimas, desplazados, afrodescendientes, e indígenas de los 167 municipios más afectados por la violencia en Colombia y tendrán vigencia hasta 2026.

La ley pasa a la plenaria de la Cámara donde se cumplirá el cuarto y último debate de esta iniciativa discutida bajo la norma del fast track.

Sin embargo, en el ambiente político reina la incertidumbre sobre si este proyecto tiene el tiempo suficiente para convertirse en ley y entrar a operar el próximo año.

Para varios grupos políticos, dado el ambiente electoral que ya reina en el país y a la polarización de opinión, el rumbo de la JEP se ha complicado, a pesar de la confianza que muestra el Gobierno por sacarlo adelante.

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