En los últimos meses se ha escuchado en distintas instancias oficiales y privadas hablar de anomalías o riesgos para el erario público con costos absolutamente billonarios. Aquí algunas de esas ‘perlas’.

$57 billones por divergencia pensional
El presidente Santos indicó el lunes pasado que las divergencias que se presentan en las altas Cortes sobre el régimen de transición de pensiones podrían costarle al país 57 billones de pesos en los próximos 20 años. “Pueden llegar a costarle al país desde unos 12 billones de pesos, si sólo tenemos en cuenta funcionarios de la Rama Judicial y los órganos de control, hasta 57 billones de pesos a lo largo de los próximos 20 años, si se extiende la jurisprudencia a todos los servidores públicos”, explicó.
$12 billones al año por corrupción
La corrupción le cuesta anualmente a los colombianos 12 billones de pesos, aseguró la semana pasada el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, al referir que la sociedad debe trabajar en la construcción de una cultura de la legalidad fundada en principios y valores que se cimientan en la familia para hacerle frente a los corruptos. El jefe del Ministerio Público se refirió a los estudios adelantados por la Universidad Externado de Colombia y el Banco Mundial, que coinciden en señalar que 13 por ciento del presupuesto destinado para Inversión se distribuye entre los funcionarios corruptos. Según el Procurador, la debilidad institucional y los altos costos de las campañas electorales han favorecido la cooptación del Estado.
$16 billones en lavado de activos
En Colombia lavan activos equivalentes a 3% del PIB, es decir, 16 billones de pesos anuales, según información presentada por la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF). Así lo reveló en julio pasado el ministro del Interior Germán Vargas Lleras al intervenir en el Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El Ministro informó que el Gobierno Nacional, al evidenciar dicha situación, reactivó la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, CCICLA, la cual fue puesta en marcha una semana después de la posesión del nuevo gobierno.
Demandas a Nación por $848 billones
En medio de la expectativa por la creación de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, las cifras sobre el monto de las demandas de los particulares han sido muy disímiles. Unas informaciones, con base en informes de la Contaduría General, hablan de pleitos por más de 848 billones de pesos. Otras sostienen que a ese monto hay que descontarle cerca de 600 billones de pesos que representan un proceso de reclamación de tierras en Antioquia, el cual, dicen fuentes oficiales, es casi imposible que el Estado lo pierda. Los cálculos del Ministerio de Hacienda sostienen que en realidad los pleitos suman 400 billones, mientras que otros informes hablan de riesgo presupuestal superior a 100 billones, es decir casos en donde la Nación podría ser condenada.
77% de $27,2 billones contratados directamente
De los 367.290 contratos que por 27,2 billones de pesos celebraron los entes territoriales en el primer semestre de 2011, 77%, más de 282 mil, se hicieron mediante la modalidad de contratación directa, de acuerdo con el último informe dado a conocer en agosto pasado por la Auditoría General de la República, a través del sistema de información Control al Control de la Contratación.
Reparación a víctimas valdría $30 billones
La tarea de restituir tierras a más de 450 mil familias y de reparar económicamente a las más de 300 mil víctimas de la violencia por el conflicto armado podría valerle al Estado más de 30 billones de pesos en la próxima década. Baste con decir que en los últimos 20 años cerca de 2 millones de hectáreas le fueron arrebatadas violentamente a familias inocentes; otras 4 millones de hectáreas fueron abandonadas porque sus legítimos propietarios recibieron amenazas o se sintieron en grave riesgo.
$31 billones deben morosos a Estado
El último Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), emitido por la Contaduría General de la Nación, señala que más de 581 personas naturales y jurídicas le deben a la Nación más de $31 billones. De ese monto, $23,1 billones están en cabeza de personas naturales y los otros $7,9 en personas jurídicas. Las entidades que más deudas pendientes tienen son el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Nacional de Estupefacientes, que representan más de 15 billones. La DIAN y la llamada Central de Inversiones (CISA) les siguen.
Billones en desfalco a salud
En mayo pasado, cuando el Gobierno reveló el fraude al sistema de salud por cuenta de las anomalías en el sistema de recobros al Fosyga, el propio presidente Santos dijo que al sector salud le dedica casi 6 por ciento del PIB, cerca de 28 billones de pesos. Denunció que entre los desfalcos monumentales había cerca de 10 modalidades de recobros anómalos. “En una sola de ellas, en una sola, y con una muestra solamente del 10 por ciento, se han descubierto desfalcos por cerca de 30 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos…
Hay otras modalidades que hemos descubierto y que están en investigación, pero que no suman estos 30 mil millones, pueden sumar muchísimo más. Esto es una defraudación no de miles de millones de pesos sino de billones de pesos”.
Evasión podría llegar a $20 billones
Las cifras sobre lo que deja de recaudar el Estado por concepto de impuestos son muy disímiles entre los informes oficiales y los que proyectan entidades y centros de estudios privados. Meses atrás se hablaba de que la evasión al impuesto de renta podría bordear 11 billones de pesos, mientras que en el IVA más de ocho billones de pesos se podrían estar perdiendo al año. Voceros gubernamentales indican que no es tan alta la cifra de evasión, elusión y otras prácticas para reducir los pagos tributarios, sin embargo la próxima reforma tributaria estará centrada en mecanismos para cerrar esta vena rota presupuestal.