Miércoles, 23 de Noviembre de 2011
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará hoy en San José una audiencia sobre la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en medio de una controversia entre el gobierno y entidades de derechos humanos respecto al número de víctimas.
A la audiencia --convocada para revisar el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el Estado dictada por la Corte en setiembre de 2005-- acudirán la canciller colombiana, María Angela Holguín, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se informó oficialmente en Bogotá.
El gobierno colombiano ha denunciado la existencia de un presunto "fraude" en relación con este caso, tras descubrir que varias de las presuntas víctimas no eran tales, pese a lo cual sus familiares fueron indemnizados con base en la sentencia de la Corte IDH.
La situación se evidenció luego de que Mariela Contreras, quien había denunciado la desaparición de dos de sus hijos y la muerte de su esposo en el marco de la masacre, se retractó ante las autoridades.
Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las dos organizaciones que representaron a las víctimas en el proceso, dijo en conferencia de prensa que esta situación es "lamentable" y que "si es cierto que la señora mintió, se le debe quitar la condición de víctima".
Sin embargo, aseveró que la situación es aprovechada por el gobierno colombiano para "minimizar" la masacre y poner cifras "ridículas" de víctimas.
La activista recordó que la Fiscalía había inventariado 77 víctimas, que la Corte IDH individualizó claramente a 20 de ellas, y que el jefe de la unidad paramilitar que cometió la masacre había reconocido públicamente el asesinato de 49 personas.
Por su parte, Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la otra organización que representó a las víctimas, dijo que ellos litigaron de buena fe y que les preocupa que este incidente se utilice para acrecentar una campaña de ataques contra las organizaciones humanitarias en Colombia.
AFP