El gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, realiza una operación de monitoreo a gran escala de las comunicaciones telefónicas de millones de ciudadanos, desatando la airada reacción de grupos de defensa de los derechos civiles y de respeto a la privacidad.

Obama se congratula por el debate público acerca del balance entre libertades civiles y seguridad, pero está decidido a usar todas las herramientas disponibles para mantener seguro a Estados Unidos, dijo este jueves el portavoz Josh Earnest, a bordo del avión presidencial Air Force One.

El diario británico The Guardian informó que se ordenó al operador telefónico Verizon proporcionar diariamente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) información sobre todas las llamadas telefónicas en su sistema, tanto dentro de Estados Unidos como entre éste y otros países.

El periódico citó una orden judicial altamente secreta emitida en abril, de la cual indicó haber obtenido una copia, la que reprodujo online.

"El documento muestra por primera vez que bajo el gobierno de Obama se recogen indiscriminadamente y en grandes cantidades los registros de comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses, independientemente de que sean o no sospechosos", señaló The Guardian.

Una "herramienta clave"

Un alto funcionario de la Casa Blanca, había indicado más temprano en la jornada que el tipo de información que se describe en el artículo es una "herramienta clave" para la protección del país de amenazas terroristas.

Ello "permite al personal de contra-terrorismo descubrir si terroristas conocidos o sospechosos han estado en contacto con otras personas que pueden estar involucradas en actividades terroristas, particularmente personas que se encuentran dentro de Estados Unidos", señaló.

De acuerdo con The Guardian, la orden requiere la entrega de los números telefónicos de ambas partes de la comunicación, la localización y duración de la llamada, así como la hora e identificación. En cambio, no se requieren los contenidos de la conversación.

La Foreign Intelligence Surveillance Court (FISA) otorgó la orden al FBI el 25 de abril, por un período de tres meses que culmina el 19 de julio, agregó el diario.

"Se trata de un programa en el que un número no especificado de gente inocente es puesta bajo el control permanente de agentes del gobierno", dijo Jameel Jaffer, subdirector legal de la Unión estadounidense por las libertades civiles (ACLU).

"Esto trasciende lo orwelliano y es otra prueba de hasta que punto los derechos democráticos fundamentales son secretamente sometidos a las exigencias de agencias de inteligencia sin control", agregó.

El exvicepresidente demócrata Al Gore, en su cuenta de Twitter concordó: "En (esta) era digital, la privacidad debe ser una prioridad. Soy solo yo, o este manto secreto de control es obscenamente ultrajante?"

Electronic Frontier Foundation (EFF), un grupo sin fines de lucro sobre derechos en el área digital con sede en San Francisco, indicó que el "monitoreo generalizado doméstico" se realiza desde hace al menos siete años, cuando George W. Bush ocupaba la presidencia.

"Es muy probable que órdenes de registro como éstas existan para todas las grandes empresas estadounidenses de telecomunicaciones, lo que significa que si usted hace llamadas en Estados Unidos, la NSA tenga esos datos", agregó la ONG.

Obligación legal de obedecer

Sin confirmar el artículo del Guardian, el director jurídico de Verizon se limitó a subrayar en un comunicado que la empresa está legalmente obligada a obedecer tal orden, y que no está autorizada a divulgar su existencia.

Verizon, junto a AT&T, Sprint y T-Mobile, son los mayores operadores telefónicos en el país, donde 87% de la población dispone de un teléfono móvil.

"Ahora que este control anticonstitucional fue revelado, el gobierno debe ponerle fin e informar sobre su alcance real", dijo Michelle Richardson de la oficina legislativa de la ACLU en Washington.

El Congreso debería igualmente abrir una profunda investigación, agregó.

El secretario de Justicia, Eric Holder, afirmó este jueves que los congresistas estaban "completamente informados" del procedimiento.

"La información que se busca está al otro lado de la llamada", explicó el republicano Saxby Chambliss, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, en conferencia de prensa. "Si un número corresponde al de un terrorista llamado desde un número estadounidense (...) puede ser señalado y se pude solicitar una orden judicial para ir más lejos en ese caso preciso".

"Eso sirve para encontrar (a alguien) antes de que suceda algo, eso se llama proteger a Estados Unidos", afirmó por su parte la demócrata Dianne Feinstein, presidenta de ese Comité.