Bernardo Moreno, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fue puesto en libertad por el Tribunal Superior de Bogotá tras 19 meses de detención preventiva, aunque continuará siendo investigado por un escándalo de escuchas ilegales contra magistrados, políticos y periodistas, informaron fuentes judiciales.

"Esta era una decisión que esperábamos. Creemos en la justicia, en los jueces y seguiremos trabajando para demostrar ante la Corte Suprema de Justicia nuestra rectitud", dijo Moreno tras salir la noche del martes de una base de la policía en Bogotá, donde permanecía recluido.

El tribunal revocó el martes la detención preventiva de Moreno, que había ordenado en julio de 2011 para evitar que obstaculizara la investigación por un escándalo de escuchas ilegales y hostigamiento a magistrados, periodistas y políticos que realizaron miembros del ahora disuelto servicio secreto DAS.

A Moreno se le implicó en ese caso por supuestamente haber solicitado a funcionarios del DAS algunas de esas informaciones obtenidas ilegalmente. El DAS, disuelto en 2011, dependía directamente de la Presidencia.

"La medida de aseguramiento debe ser revocada teniendo en cuenta que ya no concurren los motivos fundados y graves que permiten su vigencia. El proceso se encuentra en desarrollo del juicio oral y público, estadio en el que las pruebas de la Fiscalía fueron descubiertas. No perdura por parte del acusado la posibilidad de obstrucción a la justicia", señaló la sentencia.

Sin embargo, Moreno, a quien la Fiscalía le acusa de los delitos de concierto para delinquir agravado, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones, seguirá vinculado a la indagación hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo.

El caso de Moreno hace parte de una serie de investigaciones de escuchas y seguimientos ilegales que practicó el DAS durante el gobierno de Uribe, quien siempre negó haber ordenado o conocido este tipo de espionaje.

Las grabaciones las habrían ordenado para llevar a cabo una campaña de intimidación y desprestigio a magistrados que indagaban nexos entre paramilitares y políticos, al igual que a opositores y periodistas que investigaban esas relaciones.