La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra María del Pilar Hurtado Afanador, Felipe Muñoz Gómez, Jorge Alberto Lagos León, Claudia Milena Mendoza Ríos, Luis Tirso Veloza y Henry Alberto Torres Cedando, en calidad de servidores y exservidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por no denunciar hechos irregulares relacionados con acceso a información con desconocimiento del derecho a la intimidad, interceptaciones ilegales de correos electrónicos y enterarse indebidamente de su contenido.

La decisión tomada por el Procurador Alejandro Ordóñez se fundamentó en la prueba documental hallada donde se encontró una carpeta denominada “caso especial octubre de 2007”.

Las evidencias encontradas en la investigación preliminar dan cuenta de cómo las actividades desplegadas por el grupo especial de inteligencia G3 en el denominado “caso sindicalistas” fueron conocidas al interior del DAS, incluidos el subdirector de contrainteligencia y el director del Departamento, sin que se iniciaran investigaciones tendientes a aclarar los hechos ni avisar a los órganos de control para que hicieran lo propio.

De igual forma, la Procuraduría ordenó practicar diferentes pruebas testimoniales, documentales e inspecciones judiciales pertinentes en el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación disciplinaria.