Ministro para el Posconflicto dijo que no se justifica llamar chambonada, como lo hizo el Comisionado de Paz, una norma que según él, está bien hecha. También advirtió al Fiscal que los ajustes se harán vía reglamentación y no con un nuevo decreto
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Se produjo el primer enfrentamiento al interior del alto Gobierno en la etapa de implementación del acuerdo de paz por cuenta del Decreto 903 de 2017, por medio del cual se establece la destinación de los dineros que deben entregar las Farc. Ayer el alto consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, replicó que el alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, coincidiera con el fiscal Néstor Martínez en llamar a esta norma como una “chambonada”.
El lunes pasado, Pardo ya le había salido al paso a las advertencias del Fiscal en cuanto a que este Decreto sería una puerta abierta para que las Farc laven sus miles de bienes.
Pardo le respondió en esa ocasión que la Fiscalía no pierde en ningún momento su facultad de ejercer extinción de dominio sobre los bines de las Farc.
En tanto que ayer, el Alto Consejero para el Posconflicto dijo sobre lo manifestado por el Alto Comisionado de Paz que “yo no voy a cometer la chambonada de referirme a la chambonada que él ha dicho”.
Pardo dijo que “este es un decreto que estudió el Gobierno con la secretaría jurídica, yo participé en la redacción y niego totalmente que sea una chambonada”.
Añadió a RCN Radio que “el Decreto no fue ninguna chambonada y está bien hecho. Es un decreto-ley, por lo tanto es equivalente a una ley y se desarrolla a través de decretos reglamentarios que es lo que hay que hacer”, dijo.
El pasado lunes, Sergio Jaramillo reconoció que el Decreto “tiene unas ambigüedades desafortunadas”. De esta forma dio en parte la razón al fiscal Martínez Neira por los temores que tiene acerca de que el Decreto 903 de 2017 sirva a las Farc para lavar activos.
En ese sentido, el Comisionado de Paz dijo que “lo reconozco, eso es una chambonada, pero, por otro lado, hay suficientes salvaguardas para asegurar que eso no va a pasar”.
Añadió Jaramillo en esa oportunidad que “el Fiscal está diciendo una cosa que yo entiendo por qué la dice, pero que no es cierta. El decreto-ley que se expidió tiene unas ambigüedades (…) y hace referencia a dos cosas: esa plata tiene que utilizarse para reparar a las víctimas y para los programas del punto 3.2.2 del Acuerdo de Paz”.
Jaramillo aclaró que no es cierto que los recursos de este fondo en lo que corresponde al componente para la reincorporación económica de las Farc, puedan ser utilizados también para financiar el tanque de pensamiento de esta colectividad cuando constituya su partido político.
“De ninguna manera eso puede ocurrir porque el Centro de Pensamiento de las Farc es parte de la reincorporación política y no de la reincorporación económica”, aclaró Jaramillo.
En ello sí coincidió Pardo, pues fue claro en que no es cierto que con el dinero de las Farc se financie el centro de pensamiento.
El Fiscal
El pasado domingo, el fiscal Martínez hizo serios reparos al Decreto 903 de 2017, por medio del cual se establece la destinación de los dineros que deben entregar las Farc. Incluso advirtió que se podría prestar para que esta organización en su paso a la vida civil pueda lavar activos, que son 3.389 bienes por 1.1 billones de pesos, según un inventario que logró levantar la Fiscalía.
"(El decreto) establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la Cicip. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del Decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”, señaló Martínez.
Añadió que incluso ello permitiría que las Farc utilicen esos dineros para financiar su partido, lo que generaría distorsiones y ventajas frente a otras colectividades políticas.
“Es inequívoco, permitiría financiar toda esa clase de programas en la forma como están definidos en el acuerdo de paz”, señaló Martínez.
Dijo también que “se advierte la existencia de activos de las Farc en el exterior que involucra a países de Centroamérica, que involucra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos".
En tanto que el lunes pasado, el Fiscal General mostró su satisfacción porque el Gobierno, a través de Jaramillo, reconoció falencias en el citado decreto.
“Con la autoridad y la sinceridad que le caracteriza, el Alto Comisionado ha dicho que el Decreto tiene unas imperfecciones, que fue una ‘chambonada’ y cuando se cometen ‘chambonadas’ hay que rectificar”, manifestó Martínez.
Sin embargo en esa oportunidad Martínez hizo una afirmación que no corresponde con lo que manifestó ayer Pardo. “(...) El propio Ministro del Posconflicto me ha dicho que van a expedir un decreto en el que van a explicar hacia dónde van a ir destinados los recursos”, dijo el Fiscal.
Pardo dijo ayer sobre los ajustes que ha solicitado el fiscal Martínez, que “acotar” el Decreto no significa “modificar”.
En ese sentido explicó que “no hay un nuevo decreto para corregir eso sino unas reglamentaciones. Estos decretos firmados por el presidente Santos son para desarrollar los acuerdos de paz y establece que las Farc deben entregar un inventario de los bienes que han obtenido durante el conflicto”.
Precisó que ese inventario deberá ir a un fondo que servirá para reparación material de las víctimas del conflicto y también para “temas que no estén financiados dentro de la reincorporación y en particular en la atención de las personas que han perdido la capacidad laboral por acciones en el conflicto”.
De la Calle
El exjefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, terció en la polémica que se ha desatado sobre este Decreto a raíz de las declaraciones del fiscal Martínez Neira.
“Si el Decreto quedó mal redactado se corrige”, sentenció Humberto de la Calle.
Agregó que “los dineros de las Farc son para reparar a las víctimas y para lograr el desarrollo de su incorporación. Si el decreto quedó mal redactado se corrige. Lo que hay que hacer es reivindicar el elemento central que se dio en el acuerdo y es que los bienes van a la reparación de las víctimas. Es lo importante, lo demás es un problema de redacción”.
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