Chocó: extremarán seguridad a amenazados | El Nuevo Siglo
Martes, 5 de Febrero de 2013

 

 Ante la preocupación de algunos congresistas del EE.UU. por la seguridad de las comunidades de Curvaradó y de Jiguamiandó, Mininterior señaló que conformará un grupo interinstitucional que atienda a la población.

Por medio de un comunicado, el  Ministerio del Interior señaló que “las complejidades que presenta el proceso de restitución de tierras en las Cuencas de los Ríos Curvaradó y Jiguamiandó, ha merecido que éste sea el proyecto piloto en esta materia.

“Este es un momento particularmente complejo, en la medida en que ES DECISIÓN DEL GOBIERNO, proceder a la entrega del título colectivo, desalojar a los repobladores y ocupantes de mala fe de dichos territorios, así como sanearlo. Ello, sin duda, pone- y ha puesto- en riesgo a los líderes que han propiciado la restitución”, agregó.

Continuó “como Ministro del Interior y coordinador de este proceso, he dispuesto la conformación oficial del grupo interinstitucional de gobierno que atienda, desde el más alto nivel de cada entidad concernida, a la comunidad (…) por supuesto, el tema más importante es procurar las medidas excepcionales de seguridad para los líderes amenazados. He dado precisas instrucciones a la Unidad Nacional de Protección para que adopte todas aquellas que sean necesarias en procura de tal fin”.

En materia de restitución de tierras en esa región del pañis, el comunicado señala que “la semana entrante reiniciaremos las actividades de recuperación del territorio, en cuanto las condiciones de seguridad, (que en este momento están dadas), nos lo permitan. Estamos preparados institucionalmente para ello. Conocemos la situación de los señores Ligia Chaverra y Enríque Petro, a quienes en la actualidad se prestan medidas especiales de seguridad”.

Finalizó manifestando que “la decisión del Gobierno, repito, es continuar. No nos amilanamos frente a las acciones de quienes, a toda costa, pretenden de nuevo paralizar el proceso. Adoptaremos todas las medidas para que, después de tantos años de violencia y de trabajo conjunto con las comunidades para definir quienes son los propietarios del territorio colectivo, podamos hacer entrega de los títulos de propiedad”.