Durante los últimos doce años el enfrentamiento en el Concejo de Bogotá estuvo centrado entre los políticos que apoyan que el Estado sea generador de empleo y los que propenden para que la administración sea exclusivamente para realizar la planeación del desarrollo y la ejecución la haga el sector privado.

Después de 26 días de la nueva administración todo hace indicar que esa constancia seguirá, pues se registró la primera controversia de la derecha e izquierda por alza de los 200 pesos en el pasaje de Transmilenio y el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

En efecto, mientras los concejales del Polo Democrático Alternativo anunciaron demandas y solicitaron renegociar los contratos con los operadores de Transmilenio, desde la Alianza Verde y el Centro Democrático apoyaron el alza en el Transporte.

El cabildante Diego Molano, del Centro Democrático, indicó que el incremento de tarifa en Transmilenio, que moviliza a 2,3 millones de pasajeros en troncales, era necesario para salvar el sistema integrado de transporte después de que la administración de Gustavo Petro actuara de manera irresponsable y lo dejara al borde de la quiebra; sin garantía de sostenibilidad ni de viabilidad.

“Debe hacerse un esfuerzo importante para revisar y asegurar que los subsidios de apoyo a los grupos de ciudadanos que más lo necesitan puedan contar con ellos teniendo en cuenta que el impacto en la canasta familiar, ante el aumento del salario mínimo fue del 7%, y  el incremento en la tarifa de 11,1%”, dijo Molano.

Para la concejala Lucía Bastidas, de la Alianza Verde era inevitable el alza en las tarifas de Transmilenio. “Durante 2015 indique que el sistema iba camino de una catástrofe financiera. Pero la administración de entonces fue sorda a los clamores para que se sinceraran las cifras. El nuevo alcalde, en un acto de responsabilidad, tuvo que aumentar en 200 pesos para salvar el sistema y evitar que siga teniendo pérdidas anuales de 200.000 millones de pesos”.

Sobre las rebajas de tarifas que hizo la anterior administración, la concejala Bastidas señaló que no fueron responsables, sino que Petro, en un acto de populismo, rebajó en 2012 de 1.750 pesos a 1.700 pesos y creó las horas valle, donde la tarifa bajó aún más: a 1.400 pesos. “Lo hizo de una manera generalizada, sin discriminar ni focalizar la rebaja en quienes realmente lo necesitaban”.

En el otro lado de la orilla, el concejal Manuel Sarmiento del Polo pidió que antes del aumento se deberían renegociar los contratos con los operadores privados y revisar las prebendas introducidas en ellos, las que les garantizan una rentabilidad exagerada y que ha llevado al sistema al colapso financiero.

“Se ha obligado al Distrito a transferir de los impuestos de los bogotanos, tan sólo por la operación de las troncales, cerca de 700 mil millones de pesos entre 2012 y 2015. A contramano, el Distrito tan solo percibe 5 pesos de cada 100 pesos que ingresan a Transmilenio, teniendo que asumir, entre otros, la gestión de la operación, el costo del mantenimiento de las vías, de las comunicaciones, de la seguridad y de las instalaciones de parqueo de los buses”, dijo el Concejal del Polo.

En este mismo sentido, el concejal Celio Nieves Herrera del Polo Democrático expresó su preocupación ante el incremento de la tarifa a los usuarios. “El incremento de 200 pesos en el pasaje significa un aumento de 12.000 pesos mensuales por persona en el pago del servicio de transporte, para los que solamente utilizan dos recorridos. Entonces cuando las familias están integradas por 3 o 4 personas hay un efecto multiplicador que afecta duramente las finanzas familiares mensual y anualmente”.

El concejal Nieves denuncia que el incremento del subsidio de transporte para 2016 es de 3.700 pesos mensuales y que  se reduce la capacidad de atender otras necesidades básicas. “Se afecta principalmente a los hogares bogotanos de los estratos 1, 2 y 3 que son los que más utilizan este medio para transportarse”.

Seguramente el enfrentamiento entre la derecha y la izquierda será la constante debido a las grandes diferencias políticas que tienen.