¿Entregar un concepto jurídico que puede perjudicar los intereses de Colombia en los estrados del exterior se puede considerar o no como traición a la Patria? Así quedó abierto este debate tras el choque que vivieron en las últimas horas dos connotados internacionalistas que han asesorado al país en diversas oportunidades.

La controversia surgió por un concepto que entregó el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta en el marco de un proceso que adelanta la justicia de Estados Unidos contra Joseph Sigelman, en 2010 presidente en Colombia de Petrotiger Ltd., quien para la justicia de esa nación sería el cerebro de los sobornos que se habrían pagado a funcionarios de Ecopetrol para obtener contratos.

El abogado Juan Daniel Jaramillo señaló en una columna que “el pasado 29 de octubre los abogados de Sigelman solicitaron al juez federal que lleva el caso tomar en cuenta, con el fin de retirar los graves cargos criminales, la opinión experta de Arrieta. Notificado el Departamento de Justicia, respondió a la Corte Federal el 12 de noviembre, que no se debía aceptar por ningún motivo el argumento (de 22 páginas) del supuesto “experto” colombiano que busca desvirtuar la naturaleza jurídica de economía mixta que tiene Ecopetrol”.

Añadió Jaramillo que el Departamento de Justicia sostiene que el carácter oficial de Ecopetrol es indisputable porque el Gobierno es dueño de cerca del 80 por ciento de sus acciones.

Jaramillo fue más allá al señalar que “el mismo que funge como agente nuestro en la CIJ. Quien, sin tener ninguna especialidad en derecho internacional, asumió con la colaboración de su antigua subordinada, actual Canciller, la dirección de temas en extremo complejos. Se arguyó -para desplazar a expertos- la temporada de 6 meses que había pasado en La Haya como embajador. Y para hacer expedito el retiro de uno de los abogados internacionalistas se arguyó la comisión de crímenes de traición a la Patria. Cuando traidor es quien se va sin ninguna vergüenza en contra de sus intereses. Como lo está haciendo el agente ante la CIJ Carlos Gustavo Arrieta ante un juez federal, en contravía  del espíritu de no tolerancia hacia la corrupción de  la administración Santos”.

Sin embargo, Arrieta explicó que “se me solicitó que emitiera una opinión como testigo experto, es decir, como conocedor objetivo e imparcial de lo que dice la ley colombiana con referencia a dos temas: cuál es la naturaleza jurídica de Ecopetrol y cuál es la naturaleza de las actividades que Ecopetrol desarrolla”. Aseguró que su concepto se limitó “a decir lo que dice la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y los estatutos de Ecopetrol”.

Añadió el jurista que no sé si  “esa opinión le sirve o no le sirve al señor Sigelman, no sé si le sirve o no le sirve a Ecopetrol”.

Arrieta reclamó que Jaramillo no tiene ningún derecho a poner en duda su condición ética. “Decir la verdad no es ni puede ser bajo ningún punto de vista una actuación poco ética”.