Los incendios forestales en el sur de Chile tuvieron un giro trágico con la muerte de siete brigadistas y agregaron una connotación étnica.

Esto, con la explícita sospecha del gobierno de que un grupo radical mapuche estaría detrás de alguno de los siniestros.

Los brigadistas murieron el jueves tras quedar atrapados por las llamas cuando combatían un incendio en la comuna de Carahue, en la región de La Araucanía, unos 700 km al sur de Santiago.

Todos habían sido contratados por Forestal Mininco para atacar un incendio en uno de sus predios. Según relató el único sobreviviente, Héctor Herrera, el grupo quedó atrapado por las llamas.

"Cuando quise salir, no pude, me devolví y había fuego por todos lados. La única instancia fue sacar la cantimplora y mojarme y pasar por encima del fuego", relató.
En hospitales de la zona permanecen aún dos brigadistas heridos, aunque ninguno está en riesgo vital.

Tras confirmar la muerte de los bomberos, el presidente Sebastián Piñera denunció de inmediato una "intencionalidad criminal" en el inicio de éste y otros siniestros registrados antes en las vecinas regiones de El Biobío y El Maule, y dijo que detrás "se esconden conductas de naturaleza terrorista".

Piñera dijo contar con reportes de empresas forestales, que señalaron que tanto en el incendio que arrasó una planta de paneles de la Celulosa Arauco -en la región de El Biobío el lunes pasado- como en el fundo de Forestal Mininco, hubo múltiples focos simultáneos.

El alcalde de Carahue, Pedro Vera, y el comandante de bomberos de la comuna, Héctor Rebolledo, apuntaron en cambio a un descuido mientras se confeccionaba leña y carbón y a una inusual ola de calor, fuertes vientos y una extendida sequía.

"No existe duda de que esto no fue producto del azar o de la naturaleza, sino de una intencionalidad humana", insistió este viernes el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien agregó que las versiones del alcalde y el bombero hablan de "un incendio distinto".

El jueves, el ministro apuntó directamente sus sospechas sobre el grupo radical Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que reivindica la cultura mapuche, la mayor etnia originaria de Chile, y que la víspera se había adjudicado en la misma zona una serie de ataques incendiarios a vehículos y un helicóptero.

"La CAM se adjudicó el atentado contra un helicóptero forestal y poco después hubo muchos incendios; las cosas al final empiezan a encajar, pero yo no voy a conjeturar", señaló Hinzpeter, que este viernes presentó una querella criminal en la que invocó una severa ley antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet y endurece las penas respecto a la legislación ordinaria.

Tras esa imputación, la atención se centró en el conflicto étnico latente en las regiones del Biobío y de La Araucanía, donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuches, reducidos hoy a unos 700.000 individuos, de una población total de 16 millones de habitantes, con niveles mayores de pobreza que el resto del país.

Los mapuches reclaman por derechos ancestrales la posesión de tierras hoy en manos privadas. En el marco de ese reclamo, protagonizan frecuentes enfrentamientos con la Policía, que se han saldado con una decena de mapuches muertos. La justicia, en tanto, ha condenado a algunos indígenas por ataques incendiarios y robos, aunque no ha logrado imputar a ninguno de ellos "conducta terrorista".

Quien es sindicado como jefe de la CAM, el mapuche Héctor Llaitul, cumple una condena de 14 años por el ataque a un fiscal y el robo de madera.

En tanto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió al gobierno "prudencia" a la hora de sindicar responsables y una representante mapuche estimó que detrás de esta acusación está la intención de militarizar esta zona.

"Esto le sirve al Gobierno para justificar la militarización de la zona", señaló a Televisión de Chile la representante mapuche, Natividad Llanquileo.

"Creo que el gobierno está juzgando la sensibilidad de la zona", acusó por su parte el senador opositor, Jaime Quintana.

Esta semana, otro incendio afectó al parque nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, arrasando unas 15.000 hectáreas de un lugar declarado reserva de la biósfera por la UNESCO.

En este caso, un israelí fue acusado de causar el siniestro por conducta negligente, pero arriesga sólo un máximo de 60 días de prisión y 300 dólares de multa, en el marco de la ley de bosques.

AFP