Una de las más grandes disyuntivas con que cierra la semana tiene que ver con la forma en que el Gobierno y las Farc pactarán las reglas del juego para un cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, así como el desarme de la guerrilla.

 

El tema se tomó el escenario luego de que las partes anunciaran el martes que acordaron pedirle al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que autorice una misión de carácter político, no armado e integrada por representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para que encabece un mecanismos de monitoreo y verificación del cese el fuego y de hostilidades. Un mecanismo que sería tripartito, es decir que también estarían Gobierno y guerrilla. Un mecanismo que abarcaría también lo relativo al desarme.

 

Para ambas delegaciones este acuerdo no sólo marca el principio del fin de la negociación en La Habana, sino que evidencia que el cese el fuego bilateral y definitivo va en serio, toda vez que se pondrá al frente la que es considerada como la instancia más poderosa del mundo, es decir el Consejo de Seguridad de la ONU, del cual, como se sabe, hacen parte de forma permanente  las cinco potencias nucleares (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) así como otras diez naciones que se rotan cada dos años.

 

El Gobierno de inmediato oficializó  la respectiva petición ante la ONU y la canciller María Ángela Holguín viajó a Nueva York con el propósito de explicar a las altas esferas del ente multilateral la importancia de que se autorice dicha misión lo más rápido posible, así como las características del protocolo, funcionamiento y financiación que ésta debería tener, acorde con lo pactado en La Habana.

 

Es obvio que en este proceso no se parte de cero por cuanto desde hace ya varios meses un alto delegado de la ONU hace parte de la “subcomisión del fin del conflicto” en Cuba, en la cual tienen asiento cinco generales y un almirante activos, así como los cabecillas guerrilleros más experimentados en materia militar.  En ese orden de ideas, es claro que el delegado de la ONU dio luces sobre cuál debería ser el papel de la misión pedida y cómo debe acordarse su trámite.

 

Herramientas primero

Sin embargo, el camino para que se concrete dicha misión no será nada fácil, en gran parte porque, como lo advirtieran esta semana varios analistas, el principal problema radica en que se está pidiendo la implementación de una herramienta de monitoreo y verificación, pero no se sabe qué es lo que va a monitorear y verificar exactamente.

 

No se trata de una duda gratuita ni tampoco de hacer eco a las críticas de los contradictores consuetudinarios del proceso de paz. En realidad  parece que en La Habana decidieron abocar los dos subpuntos más importantes del punto 3 de la Agenda, referidos al cese el fuego y el desarme, empezando, primero, por definir la forma y no el fondo.

 

Lo anterior se confirma en que así como esta semana se anunció la solicitud a la ONU para que cree esa misión política de monitoreo y verificación, días atrás el propio presidente Santos había indicado que citaría al Congreso a  sesiones extraordinarias para que reforme la Ley de Orden Público, con el fin de viabilizar la posibilidad de crear “zonas de concentración” para los contingentes guerrilleros cuando se inicie el cese de fuego y las primeras etapas del desarme.

 

En otras palabras: antes que definir cómo será el cese el fuego, las partes han decidido avanzar en quién y cómo se vigilaría su cumplimiento, así como en el dónde se ubicarán los guerrilleros para iniciar esa tregua definitiva.

 

Está visto con estos dos pasos ya anunciados que, de un lado, se crearán zonas de desmilitarizadas para albergar a los  alzados en armas y, de otra parte, que su vigilancia y protección no estará a cargo de una fuerza armada internacional, tal como se había especulado meses atrás, cuando se llegó a afirmar incluso que se pediría a la ONU que destinara una especie de fuerza regional de “cascos azules”, es decir personal armado, para que se ubicara en los alrededores de las “zonas de concentración” en donde estarían los guerrilleros.

 

¿Cómo será?

Así las cosas, imbuirse en estos momentos en cuáles deben ser las reglas de esas zonas desmilitarizadas  o de qué países escogerá la ONU a los integrantes de esa misión política, parecería un asunto no tan urgente frente al tema de fondo: cómo será, en el terreno, el cese el fuego.

 

A este respecto son más las dudas que las certezas que se escucharon esta semana.

 

En primer lugar, es evidente que por más que se estudien  casos que se han dado en Centroamérica y Europa, e incluso en el Medio Oriente, la fórmula que se utilice en Colombia seguramente será muy particular  y acorde con un conflicto que se diferencia mucho de otras confrontaciones internas en distintos países.

 

Por ejemplo, debe establecerse cuántas serán las “zonas de concentración” que serán necesarias. Mientras que en algunos círculos cercanos a la negociación se habla de que las Farc habrían pedido por lo menos 40 áreas para ser desmilitarizadas y conducir allí a los más de 7 mil hombres-arma que se calcula hoy tienen, también se ha dicho que el Gobierno no estaría dispuesto a abrir más de diez o quince.

 

Lo que sí está descartado es que se cree una sola “zona de concentración”, como también que los subversivos sean recluidos en fincas, granjas agrícolas u otros sitios muy pequeños y localizados.

 

Establecer ese número de “zonas de concentración” es absolutamente clave para saber cuál debe ser el volumen de integrantes de la misión política de monitoreo y verificación. Es de simple lógica concluir que si se habla de 15, 20 o más áreas despejadas, los delegados designados por la ONU de los países de la Celac tendrían que ser una proporción similar.

 

¿Concentrados y armados?

Una segunda gran duda que existe sobre el fondo del cese el fuego se refiere puntualmente a si los guerrilleros estarán o no armados en esas “zonas de concentración”.

 

Según el acuerdo del pasado 23 de septiembre, que fue suscrito por el presidente Santos y el máximo cabecilla guerrillero, alias ‘Timochenko’, la guerrilla debe empezar a desarmarse dos meses después de la fecha en que se haya firmado el acuerdo final en La Habana.  Esto implica, en primer término, que no habrá un acto de desarme único y total, sino que será gradual y no se ha establecido todavía por las partes cuánto duraría.

 

El tema de los subversivos armados en las “zonas de concentración” no es un asunto menor, pues si éstas llegan a abarcar cascos urbanos o corregimientos  o cabezas veredales, entonces significa que la población civil se vería expuesta a convivir con ilegales armados. Después de la grave experiencia de la zona de distensión del Caguán,  quince años atrás, es evidente que esa alternativa  tendrá una amplia oposición por parte de la población civil y muchos sectores políticos y económicos.

 

A este mismo interrogante debe sumarse el hecho de que no se ha establecido por ninguna de las partes cuál será el grado de desmilitarización que tendrán dichas “zonas de concentración”.  De entrada parecería obvio que las Fuerzas Militares tendrían que salir de esas áreas, peor no se sabe qué pasará con la Policía que, como lo afirma la Constitución, es un cuerpo armado de carácter civil y preventivo.

 

Aquí hay dos opciones. Una, que la Policía se mantenga en las zonas ejerciendo su papel de custodia de la vida, honra y bienes de todos los habitantes. O, dos, que entre Gobierno y Farc se acuerde el funcionamiento de una especie de policía cívica compuesta por uniformados del Estado y tropa de la guerrilla, que estaría encargada de mantener el orden público y la convivencia ciudadana en las zonas desmilitarizadas.

 

En las dudas que existen sobre el cómo funcionará ese cese de fuego también se advirtió esta semana que no hay nada claro sobre el mecanismo para garantizar que los contingentes  guerrilleros también cesarán las hostilidades hacia la población civil, es decir el secuestro, la extorsión, el reclutamiento forzado o el boleteo.

 

Tampoco hay decisión en torno a si esas “zonas de concentración” estarán ubicadas en los llamados ‘cónclaves históricos territoriales’ de la subversión, es decir en donde las Farc han mantenido por años e incluso décadas una alta influencia y presencia militar, controlando prácticamente toda la actividad poblacional, económica, social y criminal. Este aspecto es clave toda vez que para nadie es un secreto que muchos de esos ‘cónclaves’ guerrilleros están ubicados en zonas de alta densidad de cultivos ilícitos y narco-laboratorios.

 

No menos importante es saber si habrá corredores territoriales o zonas de “colchón de seguridad” alrededor de las áreas desmilitarizadas, para evitar posibles choques armados entre los frentes de las Farc y las tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

 

Este es un asunto prioritario y fundamental de todo cese el fuego, pues a diferencia de muchas experiencias en otros países, en donde este mecanismo se dio entre dos fuerzas militares enfrentadas, en Colombia la situación es distinta. Por un lado, hay una segunda guerrilla con la que el Estado mantiene enfrentamientos militares, como es el Eln.  Por otra parte, también están las bandas criminales, tipo clan Úsuga, que mantienen para su protección personal armado y con régimen militar campamentario, a tal punto que semanas atrás el Ministerio de Defensa autorizó el bombardeo de sus bases.

 

Es decir,  que el reto no sólo es garantizar que el cese el fuego pactado entre Gobierno y Farc se cumpla, sino que la operatividad del mismo no se atraviese en el accionar de la Fuerza Publica contra los otros actores generadores de violencia, trátese de delincuencia común o delincuencia organizada, una y otra en gran parte asociada al narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otros flagelos que mueven billonarios recursos.

 

¿Y las armas del Estado, qué?

Pero si todo lo anterior es complicado, no menos lo será lo relativo a cuál será la cesión que el Estado tendrá que hacer en materia de desarme. Ya las Farc han reiterado que la “dejación” de armas deber ser bilateral. Aunque muchos analistas consideran que se trata de una postura más política que realista, otros sostienen que los negociadores subversivos van a pedir que la Fuerza Pública también desactive o neutralice una parte de su arsenal.

 

Como esto es imposible para el Gobierno, esa sería la excusa a la que acudirían las Farc para justificar, primero, que no entregarían  las armas al Estado y, segundo, que no harán “dejación” de las mismas, sino que buscarán un mecanismo que les permita  -como lo han reiterado-  mantenerlas pero no usarlas en política.

 

Esto último es grave porque si la guerrilla no se desarma, en la votación del plebiscito por la paz se corre el riesgo de que los colombianos acudan a las urnas para refrendar el acuerdo final, teniendo todavía a los insurgentes armados e incluso con capacidad de presionar al electorado de las “zonas de concentración” para que apoyen el Sí. Incluso, se pidió a la ONU que la misión funcione por un año o más.

 

Como se ve, así ya se esté avanzando en las herramientas para vigilar un cese de fuego bilateral y definitivo de combatientes guerrilleros localizados territorialmente, con desarme gradual a bordo, todavía falta lo más grueso por acordar en este punto. En síntesis, como ya se dijo, se empezó por la forma y no por el fondo.  Como reza el refrán: primero se está trayendo la silla, pero no el caballo.