Gobierno, guerrilla, países garantes, Fiscal, Defensor y otras voces insistieron esta semana en que se busque un acuerdo al respecto, pero hacerlo es supremamente difícil.
Para el más desprevenido de los observadores la posibilidad de que en Colombia se pueda avanzar rápidamente hacia un cese el fuego bilateral debería ser alta. Ello porque tanto el Gobierno como las Farc, así como los países garantes del proceso de negociación que se adelanta en La Habana, y no pocas voces nacionales e internacionales, coinciden en que ese debe ser el camino a seguir en medio de la crisis de la última semana.
Sin embargo, el problema no es proponer que se avance hacia ese cese el fuego bilateral, sino que las condiciones para pactarlo son tanto o más complicadas que la búsqueda de un modelo de justicia transicional para viabilizar la reinserción política y jurídica de los excombatientes y sus cabecillas.
En la última semana la propuesta de avanzar hacia ese cese bilateral de las hostilidades ha estado en boca de todos. Cuba y Noruega, los países garantes del proceso, en pronunciamiento del miércoles en la noche, ante los problemas en la Mesa de Negociación y el escalamiento del conflicto armado, hicieron un llamado a “las partes a que continúen sus esfuerzos para seguir avanzando en la discusión de las cuestiones pendientes, incluyendo la adopción de un acuerdo para el cese bilateral definitivo del fuego y las hostilidades".
El presidente Santos, en sus múltiples intervenciones de los últimos cinco días, lapso en que 41 guerrilleros fueron abatidos, entre ellos dos importantes cabecillas que habían estado como delegados negociadores en La Habana, también ha insistido en lo mismo: “Los diálogos necesitan de un fuerte impulso y por eso reitero una vez más mi pedido para que aceleren las negociaciones, incluyendo las que llevan a un cese al fuego bilateral y definitivo… Cuando digo ‘cese al fuego bilateral y definitivo’, éste debe incluir el fin de cualquier participación en cualquier tipo de delito: el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal”.
Y también las Farc, al criticar la andanada de ataques y bombardeos a sus frentes, se pronunciaron al respecto, reiterando que es urgente un cese bilateral de fuegos. “La insistencia del Gobierno en conversar en medio de la confrontación hasta el último día, sólo puede interpretarse como la aspiración a obtener mediante ríos de sangre nuestra rendición en la Mesa de La Habana".
Voces a favor
El turno en el tema le correspondió ayer al fiscal General, Eduardo Montealegre, quien se sumó a las voces que piden adoptar un acuerdo de cese bilateral del fuego. Dijo, en declaraciones al programa NTN-24, que si en este momento percibiera "un proceso de paz que no tiene vuelta atrás, daría el paso hacia el cese bilateral de fuego".
El fiscal Montealegre se mostró preocupado por el incremento de las acciones armadas en el país por parte de la Fuerza Pública y las Farc. "Se empezó gradualmente con el desescalamiento del conflicto y es importante tener muchísimo cuidado porque en este momento estamos es volviendo a un escalamiento del conflicto y eso hace el proceso muy frágil", previno.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, también se mostró partidario de la adopción del cese bilateral del fuego con el fin de parar la afectación a la población civil. "Obviamente es una medida que, sobre todo quienes viven en las regiones, quienes conviven con estos grupos armados ilegales, están reclamando… Esta es una institución (la Defensoría) que su columna vertebral es el respeto a los derechos humanos y si esa medida contribuye a disminuir homicidios a disminuir atentados contra la infraestructura, contra la propiedad, a disminuir reclutamiento de los menores, a iniciar un proceso de desminado, bienvenida…".
Grandes trabas
Sin embargo, una cosa es que haya coincidencia de voces que piden un cese el fuego bilateral y otra, muy distinta, la posibilidad de alcanzarlo en el corto plazo en la Mesa de Negociaciones, más aún cuando quedó en evidencia que las treguas unilaterales son muy frágiles, sobre todo al no existir verificación del cese de las acciones ofensivas militares de una de las partes.
Así quedó comprobado con la tregua unilateral declarada por la guerrilla el pasado 20 de diciembre, que aunque había violado flagrantemente a mediados de abril, cuando masacró 11 militares en el Cauca, sólo vino a suspender ‘oficialmente’ hace seis días, tras el bombardeo a uno de sus frentes en ese mismo departamento, que dejó 27 guerrilleros muertos, entre ellos el exnegociador alias ‘Jairo Martínez’, uno de los máximos jefes del ‘bloque sur’ de la organización insurgente.
Un cese el fuego bilateral y de hostilidades es muy complejo. Requiere de un largo y accidentado proceso de negociación entre las partes, empezando por la necesidad de que los frentes guerrilleros sean localizados en determinadas zonas, con mecanismos de verificación muy estrictos y corredores de seguridad a su alrededor para evitar choques fortuitos entre los combatientes. Igual se necesita acordar si la Policía o la Fuerza Pública deben salir de las zonas en donde se ubique a los frentes subversivos, sobre todo porque la ley en Colombia prohíbe zonas desmilitarizadas tipo la que funcionó en el Caguán. También debe pactarse cómo evitar afectación a la población civil o los mecanismos de sostenimiento económicos de los insurgentes…
Pero la mayor dificultad está en el cuándo del cese el fuego bilateral: el Gobierno lo quiere “definitivo” y por eso lo considera viable sólo al final del proceso, pero las Farc lo ven más como “temporal” y desde ya, en espera de que la negociación pueda avanzar tranquilamente a un acuerdo final, lo que puede o no pasar. No es esta una diferencia fácil de solventar y ninguna de las partes parece dispuesta a ceder.
Como se ve, en materia de buscar un cese el fuego bilateral, las coincidencias generales son muchas, pero a la hora del cómo, cuándo y dónde, la cuestión se complica sustancialmente. Es más, su sola negociación podría tardar más de un año, en el mejor de los casos. Como reza el refrán: del dicho al hecho…