Luego de que el Eln aceptara su responsabilidad en la muerte del gobernador indígena del resguardo Catru Dubaza Ancoso, de la comunidad del alto Baudó en Chocó, Aulio Isarama Forastero, la representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, señaló que “el cese al fuego es una licencia para delinquir que le otorgó el gobierno corrupto de Juan Manuel Santos al Eln. No solo asesinaron al gobernador indígena sino que asesinaron a dos campesinos en Nóvita. El ser humano no vale, no todo se justifica, estamos perdiendo lo poquito que nos queda de Estado de derecho”.
Por su parte, el representante Telésforo Pedraza, del Partido Conservador, manifestó que “lo único que están haciendo es poniendo en riesgo realmente la buena voluntad del gobierno, precisamente por la actitud del Eln“.
Entre tanto, el representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, Víctor Correa, del Partido Polo Democrático Alternativo, rechazó la acción que provocó la muerte del gobernador indígena, pero manifestó que “no debe ser razón para suspender el cese al fuego que ha demostrado, además, que se ha respetado en buena parte del territorio nacional, sino que tiene que ser un llamado de atención frente a las partes, un reclamo generalizado a la sociedad colombiana para que en medio del rechazo de estas acciones, presionen a los actores para que solucionen prontamente el conflicto y puedan avanzar en una negociación efectiva”.
Mientras tanto el también representante a la Cámara por el Partido Conservador, Arturo Yepes, indicó “que el reconocimiento que ellos han hecho de haber sido los autores de esa muerte, habla bien de su voluntad de paz y hace recomendable que el Gobierno avance lo más rápido posible en esos diálogos, procurando que ese frente que opera en el Chocó se integre a la Mesa de Diálogo para evitar que en el futuro se constituyan en una disidencia, como lo que está pasando con algunos de los frentes de las Farc”.
El crimen del gobernador indígena es investigado por la Comisión de Verificación que fue designada para hacer el monitoreo del cumplimiento del cese el fuego bilateral temporal al que se comprometieron el Gobierno y el Eln desde el pasado 1° de octubre.
Dicha Comisión, de la cual hacen parte delegados del Gobierno, el Eln, Naciones Unidas y la Iglesia Católica, presentará un informe sobre lo sucedido a la mesa de negociación en Quito.
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