Por fallas en la seguridad de 280 familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, en el departamento del Cesar, el Consejo de Estado tomó la determinación de que la Nación deberá pagar 1.126 millones de pesos para indemnizar a las familias desplazadas.

Los hechos en mención sucedieron el 14 de febrero de 1996, cuando hombres armados obligaron a los habitantes de un sector rural a abandonar sus terrenos.

En el fallo, el tribunal de lo contensioso manifestó que “según el oficio remitido al proceso por el Ministerio de Defensa, el Ejército y Policía Nacional contaban con un número superior a 130 efectivos en esa región; de manera tal que a pesar de tratarse de un hecho previsible no se adoptaron las medidas pertinentes para prevenir o para contrarrestar la ofensiva”.