Hasta el próximo sábado estarán funcionando la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

Ambas instancias que llevaban muchos años de vigencia cesarán funciones por cuanto estas pasan a otros organismos debido a la implementación de la Ley de Reparación a las Víctimas y de Restitución de Tierras y de la Oficina del Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

Según el vicepresidente Angelino Garzón la CNRR finaliza funciones este 31 de diciembre para dar paso a la nueva institucionalidad en cabeza de la Presidencia de la República y de los Ministerios del Interior, Justicia y Agricultura.

La Comisión y el Programa estaban bajo la coordinación del Vicepresidente, pero con la nueva institucionalidad el alto funcionario ya no tendrá una responsabilidad directa en estos asuntos.

Reemplazos

Como se sabe, el pasado 20 de diciembre el Gobierno expidió los decretos que permitirán arrancar en firme la implementación de la Ley de Víctimas.

Las normas no sólo dan piso a las instituciones que tendrán que asumir la puesta en vigencia de la norma, sino los procedimientos para viabilizar la indemnización administrativa a las víctimas, detallando los montos, los destinatarios y los mecanismos de entrega de las indemnizaciones, que quedaron en un rango de entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, entre 9 y 21 millones de pesos.

Para ello el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), aprobó 6,1 billones de pesos, destinados a atención y reparación a víctimas, lo que asegura que en enero inicie el proceso.

Para ello la Ley de Víctimas establece una nueva institucionalidad:

- Comité Ejecutivo: Estará a cargo de Reglamentar toda la Ley, diseñar y adoptar el Plan Nacional de Atención y Reparación, así como supervisar su ejecución.

- Departamento Administrativo: Se encargará de la coordinación y ejecución de la política de inclusión social y de reintegración. Además, deberá coordinar sus actividades con el Comité Ejecutivo, en materia de reparación y atención a víctimas.

- Unidad Administrativa de Atención y Reparación: Será la encargada de ejecutar la política de reparación cuya competencia recaiga en el Gobierno Nacional, así como de coordinar la ejecución de la Ley.

- Unidad Administrativa de Tierras Despojadas: Se encargará de sustanciar los casos de restitución ante los jueces y tribunales, así como coordinar la política de restitución de tierras.

- Centro de Memoria Histórica: La creación de este Centro tiene como objetivo centralizar todas las funciones de recolección y preservación de la memoria histórica en una sola entidad.

Los decretos reglamentarios de reparación también asignan responsabilidades concretas a diferentes instituciones para proveer asistencia en salud y educación.

Establecen los mecanismos de afiliación de las víctimas al Sistema de Salud y le encargan al Ministerio del ramo la tarea de diseñar un protocolo de atención integral en salud.

Para desplazados contemplan la ayuda humanitaria que recibirán de manera inmediata por parte de la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas.

Los gobernadores y alcaldes deben diseñar Planes Territoriales de Atención y Reparación, además de incorporarlos y financiarlos en sus Planes de Desarrollo, para garantizar la ejecución de los mismos.