En el marco de la reforma que se propone a la Ley de Justicia y Paz, y que será debatida próximamente en la plenaria del Senado, se encuentran propuestas como la de establecer un límite de tiempo para recibir solicitudes de postulación por parte de personas desmovilizadas, advirtió el viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper.

“Es inaudito que siete años después de aprobada la Ley de Justicia y Paz los desmovilizados sigan levantando la mano para postularse cuando en realidad la voluntad para colaborar con el proceso de Justicia y Paz ha debido manifestarse desde el momento mismo en que fue aprobada la Ley o desde el momento mismo en que se produjo la desmovilización”, dijo el alto funcionario.

Por esta razón se plantea incluir en el proyecto un artículo que establezca como fecha límite el 31 de diciembre del año en curso, para recibir nuevas postulaciones de desmovilizados.

“En el último año se han recibido cerca de 300 solicitudes que en este momento el Gobierno está evaluando, pero lo que no puede pasar es que los desmovilizados esperen que los mencionen en una versión libre para después levantar la mano y decir ‘ahora sí quiero postularme’. Lo que no vamos a permitir es que sigan pasando de agache las personas que deberían estar postuladas y respondiéndoles a las víctimas”, enfatizó.

El viceministro Samper señaló que la Ley 975 de 2005, después de la reforma, debe enfrentar tres retos preponderantes: garantizar que estén todos aquellos que deben responder por los delitos cometidos, que las cifras de hechos confesados no se queden sólo en números sino que se conduzca a develar cómo fue el fenómeno paramilitar; y que se articule con los nuevos mecanismos de Justicia Transicional y de política pública que se han desarrollado durante el actual Gobierno.