Uno de los principales problemas que tiene el país es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. De acuerdo con el sector financiero, estos dos elementos constituyen fenómenos de carácter  complejo, por lo que su análisis debe ser abordado desde un punto de vista multidimensional.

Indica Asobancaria que en lo que hace referencia a los efectos macroeconómicos, esos fenómenos traen consigo implicaciones negativas tales como: a) distorsiones en los parámetros económicos, en especial, frente al tamaño del PIB y frente al dinamismo de la actividad productiva en su conjunto; b) alteración, tenencia y velocidad de circulación del efectivo, y c) entradas masivas de capitales o divisas, lo que deriva en peligrosas distorsiones cambiarias.

En cuanto a las implicaciones microeconómicas, la principal está relacionada con la posibilidad que tienen quienes se dedican a este tipo de actividades, de operar bajo condiciones diferentes de las de mercado, al poder producir bienes y servicios cuyos costos no recogen las señales de mercado. Adicionalmente, el lavado de activos genera importantes consecuencias sobre sectores tales como el financiero o el real.

En lo que se refiere al financiero, el cumplimiento normativo en estas materias tiene implicaciones negativas para el negocio y para sus clientes. Las entidades bancarias están suspendiendo la vinculación de clientes que consideran riesgosos o sobre los cuales resulta imposible o costoso realizar las labores de información exigidas en las normas. A su vez, se nota una tendencia a la disminución de la banca corresponsal en países considerados de alto riesgo.

En relación con el impacto sobre el sector real es notorio que las redes criminales han optado por movilizar sus recursos a través de empresas y negocios diferentes a los financieros. Es por esto que las empresas del sector real también precisan de normas claras, relativas a la gestión del riesgo del lavado, incluyendo la supervisión y correspondientes sanciones por su inobservancia.

Por el lado de los impactos sociales, las estructuras criminales y los grupos armados afectan la vida de los ciudadanos, los niveles de pobreza y la inversión en infraestructura e influyen e impulsan otras actividades delictivas, entre otros. Sobre este punto es importante que los países dispongan de diagnósticos y de una visión integral de estos fenómenos de suerte que puedan diseñar e implementar políticas públicas acordes con esas realidades.