El Jefe de Estado, Juan Manuel Santos celebró la aprobación de la reforma a la justicia conocida como 'Equilibrio de poderes' aduciendo que con ésta se atacan las prácticas nocivas para la justicia como la reelección, la 'puerta giratoria' y se crea un organismo para administrar los recursos de la Rama eliminando así la Comisión de Acusaciones.

Las siguientes fueron las palabras del Mandatario:

En este gobierno hemos asumido el desafío de sacar adelante reformas que parecían imposibles, cuyos debates fueron  evadidos y aplazados durante años.

Hay muchos ejemplos en todos los campos pero mencionaré solo dos: 

La reforma al régimen de regalías que permitió distribuir estos recursos en forma más equitativa entre todos los colombianos y todas las regiones, y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que está permitiendo que millones de compatriotas víctimas del conflicto sean reparados y regresen a sus parcelas.

Por eso –y por el desminado, que también ya comenzó– se habla de que ya comenzó el posconflicto.

De la misma forma ahora –con la reforma que hemos denominado de Equilibrio de Poderes y que fue aprobada en conciliación el día de ayer en el Congreso– asumimos el reto de reformar algunas instituciones para recuperar la confianza que los ciudadanos han perdido en ellas. 

En este intento de reforma han fracasado los últimos gobiernos desde hace por lo menos dos décadas. Nosotros mismos fracasamos en un primer intento en el año 2012. 

Ahora, al comenzar el segundo mandato, insistimos en ello porque tenemos un talante reformista que se resiste a contemplar pasivamente la creciente desconfianza ciudadana en sus instituciones.

La reforma de equilibrio de poderes busca precisamente eso: nada más, pero tampoco nada menos:

Se trata, en primer lugar, de eliminar la figura de la reelección de la Constitución. 

No habrá reelección de Presidente, ni del Procurador, ni del Contralor, ni del Fiscal, ni del Defensor, ni del Registrador, ni de los magistrados de las Altas Cortes.

¿Qué se garantiza con esto? Más democracia, más caras nuevas en el Estado y menos concentración de poder.

En últimas, le cerramos la puerta al caudillismo tropical.

La reforma suprime el Consejo Superior de la Judicatura y crea un nuevo sistema de gobierno de la Rama Judicial más simple y eficaz.

Ahora los magistrados se dedicarán a investigar y juzgar, y los expertos en el campo de la administración a manejar los recursos de la rama. 

Una mejor gerencia de la Justicia ayudará a que el ciudadano de a pie pueda acceder a una justicia más pronta y eficaz.

Esta es una necesidad sentida de todos los colombianos que claman por una justicia que responda a sus necesidades propias y proteja sus derechos. Y estamos respondiendo a ese clamor.

También se elimina la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que un nuevo organismo –conformado por magistrados de las más altas calidades y no por políticos en ejercicio– pueda investigar y acusar a los funcionarios aforados en Colombia con total imparcialidad y eficacia, sin afectar la independencia y autonomía de nuestra justicia. 

Se busca que todos los altos funcionarios del Estado tengan controles, lo que evita la impunidad y contribuye a fortalecer nuestro aparato judicial. 

La reforma aprobada también acaba con prácticas nocivas para la justicia  como la puerta giratoria o el “yo te elijo tú me elijes”, es decir, el salto de una corte a otra de magistrados impulsados por los mismos que ellos eligieron.

Así se evita el círculo vicioso de conflictos de intereses e intercambio de favores que tanto daño ha causado a nuestra justicia.

Algunos dicen que ésta no es la gran reforma a la justicia y en eso estamos de acuerdo. Pero sí es una gran reforma.

Una buena reforma a la justicia involucra cambios en la Constitución como los que acabamos de aprobar.

Y también exige reformas legales, como las que hemos hecho con los nuevos códigos expedidos en los años recientes –y vamos a seguir haciendo–.

Todo esto sumado –en su conjunto– es una gran reforma.

La reforma constitucional que aprobó ayer el Congreso se convirtió en realidad gracias a un debate abierto, franco y democrático entre los diferentes poderes públicos. 

Y se mejoró con las observaciones que durante más de 9 meses realizaron la academia, las cortes, los expertos, los partidos, los jueces, los funcionarios judiciales, en fin… todos los que coincidimos en la necesidad de construir una administración de justicia que le genere más confianza al país. 

El Congreso de la República demostró seriedad y responsabilidad en su trabajo en los ocho debates para sacarla adelante; cumplió una gran tarea con estricto apego a la Constitución y al reglamento del Congreso, y ejerció sus competencias y facultades para reformar nuestra carta política con inteligencia y con rectitud. 

Se lo agradecemos y se lo reconocemos.

Como es de esperarse en estas reformas, no todo el mundo quedó contento, pero lo que sí les puedo decir a los colombianos es que es un gran paso en la dirección correcta. 

Ahora el reto es trabajar con la Rama Judicial, la academia y la sociedad civil en la ley estatutaria para que cuanto antes desarrollemos algunos de los aspectos que tocan la reforma, la gran mayoría de los cuales entrarán en vigencia de forma inmediata una vez se promulgue el acto legislativo.

De esta manera avanzamos –sin duda– en el fortalecimiento de nuestras instituciones; ajustamos el Estado, y construimos un sistema de administración de justicia que permite garantizar a los colombianos la justicia que se merecen.